Diputados opositores presentaron este miércoles un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad en menores a 15 años edad para delitos mayores, bajo el principio de "justicia restaurativa", donde se priorizará medidas de reparación para víctimas y reinserción para victimarios.
"Se fija la edad a partir de los 15 años porque 5 de cada 10 delitos son cometidos por un menor que tuvo esa edad", dijo el diputado y exvicegobernador de la ciudad de Buenos Aires, Diego Santilli, -firmante del proyecto- en diálogo con el canal de televisión C5N.
Actualmente, la Justicia argentina puede juzgar y establecer penas por delitos cometidos por menores a partir de los 16 años. La iniciativa idea una reforma judicial con fueros especializados en jóvenes, penas más elevadas para delitos graves y un plazo máximo para resolver el caso en dos años.
"Hemos pensado en penas de entre 10 y 15 años en un sitio de detención diferente al que le corresponde a un mayor", agregó Santilli, que integra el frente de oposición Juntos por el Cambio.
La penas de hasta 10 años varían con base al tipo de delito, salvo por crímenes mayores como homicidio y abuso sexual agravado, donde el máximo escala hasta los 15 años de prisión.
El proyecto de ley de "Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil" también hace hincapié en "reparar" el daño producido por el delito, tanto en la víctima como en la sociedad, y la necesidad de que las personas adolescentes rindan cuentas de sus actos.
El diputado explicó que en la ley, la reparación "significa que la Justicia tenga un instrumento para que el menor que cometió un delito pueda volver a reinsertarse en la sociedad". Además, esta pretende formar equipos interdisciplinarios que actúen frente a cada caso con mayor injerencia sobre la víctima, que tendrá la posibilidad de participar en el proceso de reparación.
El documento contempla un "abordaje restaurativo" y medidas socioeducativas para la reinserción que busca evitar una escalada en el tipo de delitos cometidos por los menores de edad.
En este aspecto, se buscará que "todas las partes implicadas en un conflicto (ofensor, víctima y comunidad) resuelvan colectivamente cómo manejar las consecuencias del delito y sus implicaciones para el futuro".
