“Se están discutiendo decisiones políticas no judicializables objetivamente”, destacó el mandatario Fernández.
El juicio se centra en las presuntas concesiones irregulares en la provincia patagónica de Santa Cruz a favor del grupo Austral, propiedad de Lázaro Báez.
El presidente argentino, Alberto Fernández, defendió este martes el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), su actual vicepresidenta, al declarar como testigo en el juicio donde se la acusa por presuntas irregularidades en la adjudicación de obra pública.
"Me llama mucho la atención el sentido de esta causa", declaró Fernández. "Se están discutiendo decisiones políticas no judicializables objetivamente".
El mandatario agregó que esas decisiones que se tomaron en materia presupuestaria y de obra pública "de ningún modo pudieron ser arbitrarias".
Rodeado de un fuerte operativo de seguridad, el mandatario se presentó este martes a comparecer ante el Tribunal Oral Federal 2, que desde 2019 acoge las audiencias en las que se juzga a su compañera política y a otros imputados, en una audiencia que terminó tres horas más tarde.
El juicio se centra en las presuntas concesiones irregulares en la provincia patagónica de Santa Cruz a favor del grupo Austral, propiedad de Lázaro Báez, estrecho colaborador del fallecido expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) y ya en prisión (ahora domiciliaria) por presunto lavado de dinero desde 2016.
El actual jefe de Estado acudió a declarar por haber sido jefe del Gabinete de Ministros de Kirchner y de su viuda, entre 2003 y 2008.
Al ser preguntado, Fernández negó "definitivamente" haber visto acciones para favorecer la obra pública en Santa Cruz, ni que le constara que los expresidentes hayan redireccionado cientos de millones de pesos para beneficiar a Lázaro Báez, ni que instruyeran a los ministros en la asignación de recursos.
Consideró "una suerte de fantasía" que se juntaban dos o tres personas para mandar "plata a alguien" porque "en los hechos es imposible que ocurra".
"Es lo que me llama la atención de este juicio", dijo Fernández. "Cuando vi el decreto de procesamiento de Cristina, me llamó la atención", se preocupó por aclarar.
Alberto Fernández fue elegido en 2019 por la propia expresidenta para ser candidato a presidente, luego de años distanciados tras las diferencias que le llevaron a renunciar en 2008 como su jefe del Gabinete de ministros, un tiempo en el que el actual mandatario llegó a ser muy crítico con la gestión de la viuda de Kirchner.
Los intentos del fiscal por consultar sobre sus declaraciones mediáticas posteriores no prosperaron, pero Fernández llegó a decir este martes que "había una acción mediática muy clara tendiente a generar el debate que estamos viviendo hoy aquí".
El 2 de diciembre de 2019, cuando solo quedaba una semana para asumir como vicepresidenta, Cristina Fernández debió declarar por primera vez en un juicio, por esta causa, y acusó al tribunal de ser del 'lawfare' (judicialización de la política) y de tener "la condena escrita", pero avisó que a ella la "absolvió la historia".
La comparecencia de este martes fue solicitada por la propia vicepresidenta como parte de su estrategia de defensa, al igual que pidió que declaren sus otros ex jefes de Gabinete, al considerar a todos ellos responsables de firmar las partidas presupuestarias destinadas a la obra pública desde 2004 a 2015.
Durante la declaración de Fernández se repitieron las preguntas sobre el proceso de confección, aprobación y reasignación de partidas del presupuesto nacional, al punto que el mandatario llegó a tener un entredicho con el fiscal del caso, quien le pidió que no le falte el respeto.
"No es decisión de un presidente que decide cómo se gasta la plata, sino que es un trabajo en el que intervienen muchísimas jurisdicciones y después va al Congreso donde se realiza un debate enorme", explicó Fernández.
"Estoy seguro que no existe ninguna norma que ponga límites a cómo se dispone el gasto en obra pública. Sí hay límites fácticos a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo", cerró.
Fernández defendió la función de los exmandatarios al indicar que "es imposible" que un presidente pueda conocer el trámite licitatorio de cada una de las adjudicaciones: "Un presidente puede ver los grandes números" y "los lineamientos políticos", "pero no saber efectivamente cómo evoluciona cada obra".
Pidió tener presente la regla de la "delegación de facultades" para hacer menos burocrática las decisiones en el Estado: "La idea de pensar que un presidente está al tanto de todo es un disparate".
En cambio, indicó que cada reasignación presupuestaria "es decisión de la Jefatura de Gabinete".
Fernández también afirmó que "no estuvieron esas reformulaciones presupuestarias destinadas a favorecer a Santa Cruz ni a ninguna provincia en particular".
Y respondió que se cruzó "una vez" con el empresario Lázaro Báez, en la ciudad santacruceña de Calafate, donde se lo presentó Néstor Kirchner. Y dijo desconocer los vínculos comerciales de Báez con los Kirchner.
