El joven de 28 años fue visto por última vez cuando el 1 de agosto huía de la Gendarmería tras participar en una protesta indígena.
Su familia expresó haber vivido "casi dos meses con una esperanza en creciente agonía".
El caso ha generado una fuerte división en Argentina.
Este sábado se cumplen dos meses desde la desaparición de Santiago Maldonado en Argentina, el joven visto por última vez durante una protesta en el sur del país que fue reprimida por Gendarmería.
De 28 años, Maldonado fue visto por última vez, según testigos, cuando el 1 de agosto huía de la Gendarmería tras participar en una protesta indígena en Esquel, y una de las principales sospechas, sobre todo por parte de la familia y de organismos de derechos humanos, es que los gendarmes son responsables de su desaparición.
La polémica se incrementó después de que -en una reciente entrevista- el anterior juez del caso, Guido Otranto, señaló que la hipótesis "más razonable" es que el joven se ahogó en un río cuando huía de los agentes, algo que no convence a la familia de Maldonado.
La pasada semana, un tribunal aceptó un planteo recusatorio contra Otranto -presentado por la familia de Maldonado al considerar que no era imparcial- y designó al magistrado Gustavo Lleral, que tendrá dedicación exclusiva en la causa.
"La remoción del juez Otranto de la causa en la que se investiga la desaparición de Santiago marca el comienzo de una nueva etapa", señalaron los allegados al desaparecido en un texto difundido esta semana, en el que subrayaron que Lleral se había comunicado con ellos y les manifestó "que haría todo lo posible para avanzar en la investigación".
En ese texto subrayaron haber vivido "casi dos meses con una esperanza en creciente agonía" y que han sido "víctimas de una Justicia lenta e ineficaz".
Mientras, el Poder Ejecutivo asegura que tiene como objetivo encontrar a Maldonado y que colabora estrechamente con la Justicia para esclarecer el caso.
En estos meses, parte de la oposición, organismos de derechos humanos, familiares y sociedad civil han cuestionado la actuación de la Gendarmería, que reprimió con balas de plomo y goma la protesta, y responsabilizan al gobierno -del que depende el cuerpo policial- de la desaparición.
El caso ha generado una fuerte división en el país y las organizaciones humanitarias han llegado a comparar el hecho con las prácticas de la última dictadura militar (1976-1983), cuando se produjo la desaparición, según datos de esas asociaciones, de 30.000 personas.
