La alta comisionada de la ONU visitará el país asiático entre el 14 y el 18 de agosto, en un viaje en el que espera encontrarse con autoridades gubernamentales y activistas.
La ONG teme que un silencio de Bachelet sirva al partido gobernante "para legitimar sus abusos y socavar a los activistas".
Human Rights Watch (HRW) y otros ocho organismos internacionales instaron este miércoles a la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, a que durante su inminente visita a Bangladesh pida públicamente el fin de los graves abusos que cometen las fuerzas de seguridad.
Bachelet visitará el país asiático entre el 14 y el 18 de agosto, en un viaje en el que espera encontrarse con autoridades gubernamentales y activistas, además de desplazarse a los campamentos de los refugiados rohinyás en el sureste de Bangladesh.
"Cientos de bangladesíes han sido objeto de desaparición forzosa, tortura y muerte desde que el gobierno encabezado por la primera ministra, Sheikh Hasina, asumió el cargo por primera vez en 2009", denunciaron las organizaciones de derechos humanos, que piden a Bachelet que alce su voz para poner fin a estos abusos sistemáticos.
"Si la alta comisionada no condena claramente estos abusos y busca reformas, (el partido) gobernante de la Liga Awami podría usar su silencio para legitimar sus abusos y socavar a los activistas", subrayaron las organizaciones en el comunicado.
Citando a grupos de derechos humanos de Bangladesh, Human Rights Watch reveló el año pasado que casi 600 personas habían sido víctimas de desaparición forzosa a manos de las fuerzas de seguridad desde que la primera ministra Hasina asumió el cargo en 2009.
Si bien algunas víctimas fueron puestas en libertad o llevadas ante los tribunales después de semanas o meses de detención secreta, otras pasaron a engrosar los casos de ejecuciones extrajudiciales haciéndolas pasar por muertes durante tiroteos, denunciaron.
Algunas de las víctimas eran críticas con la Liga Awami, aunque el Gobierno ha negado de manera insistente que las fuerzas de seguridad estén implicadas en desapariciones forzosas.
Contradiciendo esta postura, el pasado diciembre Estados Unidos impuso sanciones al Batallón de Acción Rápida (RAB), el cuerpo policial de élite de Bangladesh, incluido el actual jefe de Policía, Benazir Ahmed, por presuntos abusos contra los derechos humanos.
Según el comunicado, después de que EEUU anunciara las sanciones contra el "notoriamente abusivo" RAB, el Gobierno de Bangladesh reaccionó tomando represalias contra familiares de las víctimas, activistas y organizaciones defensoras de los derechos humanos.
"La alta comisionada Bachelet debería alentar al Gobierno de Bangladesh a crear una comisión independiente para investigar todas las denuncias de desapariciones forzosas, tortura, ejecuciones extrajudiciales y muertes bajo custodia", anunciaron las ONG.
La nota instó también a Bachelet a que logre el compromiso de Bangladesh de proteger los derechos humanos de los refugiados rohinyás, cuando el próximo 25 de agosto se cumplirán cinco años del inicio de una ola de violencia en Birmania (Myanmar) que empujó a unos 774.000 miembros de esta minoría al país vecino.
"Si bien las continuas atrocidades de la junta de Myanmar en el estado de Rakhine han hecho que la perspectiva de un regreso seguro, digno y voluntario de los rohinyá sea aún más lejana, las autoridades de Bangladesh han hecho que la situación de los refugiados rohinyá sea cada vez más precaria", dice el comunicado.
Según Naciones Unidas, Bangladesh alberga a unos 925.000 rohinyás en los campamentos en el sureste del país, incluidos los huidos en la ola de violencia iniciada en agosto de 2017 que la ONU calificó de ejemplo de limpieza étnica y un posible genocidio, crímenes de lesa humanidad que investigan los tribunales internacionales.
