La líder de facto del gobierno birmano, Aung San Suu Kyi, defendió este jueves la condena a siete años de cárcel a dos periodistas de la agencia de noticias Reuters, acusados de espionaje mientras investigaban una matanza de musulmanes rohinyás.
"Si alguien cree que ha habido un error judicial me gustaría que me lo señalaran", dijo Suu Kyi durante el Foro Económico Mundial para el Sudeste Asiático que concluye hoy en Hanoi.
"(La sentencia) no tiene nada que ver con la libertad de expresión sino con la Ley de Secretos Oficiales", añadió la Nobel de la Paz, que retó a los críticos a leerse el fallo.
"No se les condenó por ser periodistas sino porque la corte decidió que violaron la Ley de Secretos Oficiales", concluyó.
Suu Kyi instó a respetar el funcionamiento del estado de derecho y aseguró que los dos periodistas tiene derecho a apelar la sentencia.
Los reporteros Wa Lone y Kyaw Soe Oo fueron detenidos la noche del 12 de diciembre tras reunirse con dos policías que, según los acusados, les entregaron documentos supuestamente confidenciales.
Los reporteros, condenados a principios de mes, investigaban una masacre de miembros de la minoría musulmana rohinyá en la aldea de Inn Dinn, en el estado Rakáin, en el oeste del país.
Las autoridades les acusaron de haber obtenido documentos secretos sobre la operación militar en Rakáin, que el Ejército birmano lanzó hace un año tras una serie de asaltos de un grupo insurgente rohinyá a puestos fronterizos.
Más de 700.000 rohinyás huyeron a Bangladesh a raíz de esta ofensiva militar en la que investigadores de la ONU encontraron elementos de "genocidio intencional".
Durante su intervención en el Foro, a preguntas del presentador, Suu Kyi admitió que "a posteriori" su gobierno podría haber gestionado mejor la crisis en Rakáin. "Por supuesto que hay cosas en las que, a posteriori, la situación podría haberse manejado mejor", dijo.
"Pero creemos que para garantizar la seguridad y la estabilidad a largo plazo debemos ser justos con todas las partes, y el estado de derecho debe aplicarse a todos. No podemos elegir quién debería ser protegido por el estado de derecho", añadió.
Birmania no reconoce la ciudadanía a los rohinyá, a los que considera inmigrantes bengalíes, y les somete a una discriminación creciente, incluidas restricciones a la libertad de movimientos.
