La campaña antinarcóticos puesta en marcha en 2016 ha abatido a más de 4.800 sospechosos de consumo y tráfico de drogas.
Las declaraciones podrían ser utilizadas en la CIJ, que estudia dos denuncias presentadas contra el mandatario.
El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, admitió por primera vez "ejecuciones extrajudiciales" durante la campaña antinarcóticos puesta en marcha desde que asumió el poder en 2016 y en la que se han abatido a más de 4.800 sospechosos de consumo y tráfico de drogas.
"Mi único pecado son las ejecuciones extrajudiciales", dijo el mandatario anoche durante un discurso en el Palacio de Malacañan, conforme al comunicado enviado por la oficina presidencial.
La senadora Risa Hontiveros declaró hoy a los medios locales que la admisión del mandatario "cierra de una vez por todas el pseudodebate" sobre si existían ejecuciones extrajudiciales en su régimen.
"La admisión verbal de Duterte servirá como una prueba sólida de la búsqueda popular de justicia", añadió la senadora de la oposición.
Por su parte, Amnistía Internacional señaló en un comunicado que "la presunta admisión del propio presidente destaca la urgente necesidad de investigaciones internacionales sobre los miles de asesinatos y otras violaciones de los derechos humanos cometidas en nombre de la guerra contra las drogas del Gobierno".
El portavoz de la Presidencia filipina, Harry Roque, manifestó hoy que los comentarios de Duterte eran una "broma" y "no deben tomarse literalmente".
Las declaraciones del mandatario podrían ser utilizadas en la Corte Internacional de Justicia, que estudia dos denuncias presentadas contra Duterte.
La conocida como "guerra contra las drogas" arrancó el día que Duterte asumió el poder - el 1 de julio de 2016- y concede la libertad a la policía de disparar contra los sospechoso que se resistan al arresto.
Según datos oficiales de la Agencia Antidrogas de Filipinas, un total de 4.854 sospechosos han sido asesinados en redadas policiales y 155.193 han sido arrestados en un total de 108.058 operaciones antidroga en todo el país.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos, como Human Right Watch o Amnistía Internacional, elevan la cifra de muertos de la guerra antidrogas a 15.000 debido al clima de impunidad de la campaña, en la que también participan "vigilantes" o grupos vecinales armados.
Duterte fue acusado en el pasado de dirigir "escuadrones de la muerte" durante su etapa como alcalde de la sureña ciudad de Davao, en la región de Mindanao, donde sirvió de manera interrumpida por 22 años.
En el discurso pronunciado anoche, el presidente reiteró que las operaciones contra el narcotráfico continuarán hasta 2022, año que expira su mandato.
