Aunque la autoridad en Manila aclaró las medidas sólo se tomaron contra la anaquía, asociaciones de prensa aseguraron que están prohibidas las manifestaciones y que se ha amenazado a los medios con censura.
El Gobierno de Filipinas desmintió que se hayan limitado las libertades fundamentales con el estado de emergencia nacional declarado el pasado viernes 24 de febrero, cuando se anunció la existencia de una conspiración golpista.
El ministro de Información y portavoz de la Presidencia de Filipinas, Ignacio Bunye, aclaró mediante un comunicado de prensa que "hay medidas enérgicas contra la anarquía y el desorden, pero no contra las libertades".
No obstante, están prohibidas las manifestaciones y se ha amenazado a los medios de comunicación con censuras y cierres si publican informaciones que inciten a la rebelión, según diversas asociaciones de prensa.
"La proclamación 1017 (por la que se establece el estado de emergencia nacional) no es una herramienta para la opresión sino un escudo del Estado y la población contra el desorden y el uso sedicioso de las herramientas de la información pública para fomentar la desobediencia civil", manifestó el ministro Bunye.
El portavoz aseguró que de no haber actuado el Gobierno como lo hizo la conspiración golpista habría triunfado y "la nación se encontraría en llamas, debido a las luchas por el poder de la extrema izquierda, los militares desorientados y los oportunistas políticos".
La presidenta filipina, Gloria Macapagal Arroyo, justificó la declaración del estado de emergencia nacional en el descubrimiento de una alianza entre comunistas, grupos de extrema izquierda, militares de extrema derecha y políticos de la oposición para despojarla del poder.
Macapagal Arroyo está acusada por la oposición política de manipular las elecciones de mayo del 2004, en las que ganó para un mandato de seis años. (EFE)
