Indonesia penalizó -con hasta un año de cárcel- las relaciones sexuales extramaritales, también para los turistas.
El gobernador afirmó que "Los extranjeros que visiten o vivan en Bali no deben preocuparse por la puesta en marcha de la reforma del código penal".
Ante el temor del impacto en el turismo de la ley que penaliza con cárcel cualquier relación sexual fuera del matrimonio en Indonesia, Bali ha lanzado un mensaje de tranquilidad asegurando que todo "seguirá como siempre" para los turistas que visiten la paradisiaca isla.
"Bali sigue siendo Bali, lo que significa que es seguro y cómodo para los visitantes", ha subrayado el gobernador de la isla, Wayan Koster, en un comunicado, después de que llovieran críticas por la aprobación de una extensa reforma del código penal indonesio el martes pasado.
Con la salvedad de un partido islamista, que pedía aún más restricciones, el Parlamento de Indonesia respaldó entonces en masa una reforma con una batería de medidas ultraconservadoras, entre ellas la penalización -con hasta un año de cárcel- de las relaciones sexuales extramaritales, también para los turistas.
Unos cambios que, además de ser criticados por la ONU -que ha pedido al Gobierno indonesio que dé marcha atrás- como por organizaciones de derechos humanos, suscitaron la preocupación por su más que probable impacto en los negocios y en el turismo, cuyo icono por antonomasia es la festiva Bali.
Así, apenas días después de la aprobación por parte de la cámara baja, las autoridades indonesias intentan llamar a la calma.
"Los extranjeros que visiten o vivan en Bali no deben preocuparse por la puesta en marcha de la reforma del código penal", exhorta Koster, afirmando que la isla, excepción de mayoría hindú en el país con más musulmanes del mundo, garantizará el respeto a "la privacidad y el confort" de los visitantes.
"No habrá ningún tipo de comprobación sobre el estado civil (del visitante) en los alojamientos turísticos, como hoteles, villas, apartamentos o spas, ni ninguna inspección sobre el estado marital por parte de agentes oficiales. Se garantiza la confidencialidad de los datos personales durante la estancia", añade en un comunicado publicado la noche del domingo.
"Aseguramos que no habrá ningún problema. Ningún huésped que se quede en Bali será preguntado por su estado civil", aseveró hoy por su parte a EFE Gusti Agung Ngurah Rai Suryawijaya, vicepresidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes de Bali.
La reforma podría noquear a Bali en el peor momento, cuando empezaba a recuperar ritmo tras casi dos años de cierre a visitantes extranjeros por la pandemia de coronavirus.
La isla, donde en torno al 80 por ciento de los empleos dependen directa o indirectamente del turismo, empezó a recibir vuelos internacionales en febrero, y las autoridades confiaban en recuperar ritmo poco a poco. Aspiran a recibir 1,5 millones de viajeros foráneos este año, la cuarta parte de las visitas extranjeras de 2019.
Para ello confiaban además en el escaparate que supuso la cumbre de líderes del G20 que Bali alojó el mes pasado (15-16 de noviembre), convirtiéndose esos días en el epicentro de la geopolítica global.
Tanto Bali como el resto de Indonesia, país llamado a convertirse en la cuarta economía mundial en 2045, según estimaciones, buscan ahora que las loas por sus capacidades organizativas y habilidad diplomática desplegadas durante su año como anfitrión del G20 no caigan en saco roto por la controvertida reforma.
El Gobierno indonesio lleva días de campaña diplomática tratando de relativizar el impacto de la misma, y este mismo lunes el viceministro de Interior y Derechos Humanos, Edward Omar Sharif, intentó disipar los temores entre los turistas que piensen en Indonesia en general como destino.
"Los turistas no pueden ser condenados por esta ley porque los únicos que pueden presentar cargos son sus hijos, esposos o padres, quienes se encuentran fuera de Indonesia", enfatizó, dando por sentado condiciones que no tienen por qué cumplirse en cada caso, como si hay una relación entre un turista y un indonesio.
"Así que se trata de una preocupación excesiva para aquellos que no entienden el contenido de la ley", agregó.
En general, las autoridades indonesias tienen un papel complicado: el de defender una reforma que, según dice el Gobierno, podría haber sido aún más conservadora, por el auge de facciones islamistas en el país, sin que eso menoscabe su atractivo internacional ni atente contra los derechos más básicos en el ámbito doméstico.
De momento, la reforma -que también prohíbe la apostasía o insultar al presidente- tiene que ser aprobada por el presidente, Joko Widodo, con fama de moderado, y después puede ser disputada en el tribunal constitucional durante un periodo de tres años.
Un plazo con el que el Gobierno también juega para instar a la calma: "El nuevo código penal solo se aplicará tres años después de ser firmado", recordó hoy Sharif.
No obstante, no hay mucha esperanza en que el tribunal constitucional -que ya estuvo cerca de criminalizar el sexo extramarital en 2020 sin los límites a la delación de la actual reforma- dictamine en favor de modificaciones liberales.
Lo que pone el foco sobre la creciente influencia de facciones radicales islámicas en el país, una circunstancia que contrasta con la, al menos de momento, idílica Bali.
