Imran Ali, condenado por la violación y asesinato de una niña de siete años, en un caso que desató protestas violentas y un debate sobre la seguridad de los menores en enero, fue ejecutado este miércoles en Pakistán.
Ali, de 23 años, fue ahorcado a las 5.30 hora local (21.30 hora de Chile) en la cárcel de Lakhpat de la ciudad de Lahore (este), capital de la provincia del Punyab, dijo a Efe un portavoz de la prisión, Faraz Hussain.
El portavoz indicó que el padre de la menor asesinada, Amin Ansari, y tres de sus tíos fueron testigos de la ejecución junto con un magistrado.
Tras el ahorcamiento, Ansari lamentó en declaraciones a televisiones locales frente a la prisión que Ali no hubiese sido ejecutado en público o su ejecución emitida por la televisión.
"Zainab hubiese cumplido hoy siete años y dos meses", afirmó el padre.
El padre del condenado y otros familiares suyos se desplazaron hasta la prisión, pero no estuvieron presentes en el momento de la ejecución porque la ley no lo permite.
Ali, de 23 años, fue sentenciado en febrero a la pena capital por secuestro, violación, asesinato y terrorismo, y a cadena perpetua por "acto antinatural" con una niña de 7 años, Zainab.
En agosto, fue condenado de nuevo a pena de muerte por el asesinato y violación de otras tres niñas, después de que confesase haber matado a ocho menores.
La ejecución de hoy, sin embargo, fue solo por el caso de Zainab, que conmocionó a todo el país a principios de enero.
La niña, que había quedado bajo el cuidado de un tío mientras sus padres hacían una peregrinación religiosa a Arabia Saudí, fue hallada en un contenedor de basura, cinco días después de desaparecer.
La aparición del cuerpo, cuyo examen determinó que había sufrido abusos sexuales, desató una ola de protestas violentas en las que murieron dos personas, así como manifestaciones y actos en diferentes partes del país.
Pakistán registró al menos 17.862 casos de abuso sexual a menores entre 2013 y 2017, 10.620 de ellos contra niñas y los 7.242 restantes contra varones, según un informe del Ministerio de Derechos Humanos elaborado junto a la ONG Sahil.