"Hay un sólo gobierno legítimo y es la actual administración", dijo el secretario permanente de Asuntos Exteriores.
El dirigente tailandés indicó que las medidas del bloque europeo no incluyen sanciones económicas.
El secretario permanente de Asuntos Exteriores de Tailandia, Sihasak Phuangketkeow, defendió este martes la "legitimidad" de su administración tras reunirse con el representante de la Unión Europea (UE), Jesús Miguel Sanz Escorihuela.
"Hay un sólo gobierno legítimo y es la actual administración", afirmó a los periodistas Sihasak, que dirige de forma interina el Ministerio de Asuntos Exteriores tras la caída del gobierno en un golpe militar el pasado 22 de mayo.
Sihasak manifestó que durante su reunión con Sanz Escorihuela expresó su "desacuerdo" con la UE, que en la reunión ayer de sus ministros de Exteriores suspendió la firma de un tratado de cooperación con Tailandia hasta que la junta militar vuelva al orden constitucional.
Sin embargo, el dirigente tailandés indicó que las medidas del bloque europeo no incluyen sanciones económicas y, de momento, tampoco afectan a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC).
En su opinión, los socios europeos no han tenido en cuenta los "avances" del Centro Nacional para la Paz y el Orden, nombre oficial de la junta militar, para reformar el país y celebrar elecciones democráticas lo antes posible.
En la reunión de sus ministros de Exteriores en Luxemburgo, la UE suspendió también sus visitas oficiales a Tailandia y las de representantes tailandeses a Bruselas hasta que se restaure el orden democrático en el país.
"Sólo una hoja de ruta rápida y creíble para el retorno al orden constitucional y la celebración de elecciones creíbles e incluyentes permitirá mantener el apoyo de la UE", advirtieron los Veintiocho.
Además, los ministros instaron a la junta militar tailandesa a liberar a todos los presos políticos y que se abstengan de llevar a cabo más arrestos por razones políticas, así como a poner fin a la censura.
El Ejército tailandés dio un golpe de Estado incruento tras más de seis meses de protestas antigubernamentales en las que murieron 28 personas y más de 500 resultaron heridas.
Los militares aducen que tomaron el poder para evitar una escalada de violencia y que su objetivo es reformar el sistema político, que consideran corrupto, antes de celebrar elecciones, un proceso que durará más de un año.
Sin embargo, sus detractores estiman que la agenda del Ejército coincide con los de los manifestantes antigubernamentales, apoyados por la élite monárquica y gran parte de la clase media y el electorado sureño.
