Chen Shui-bian debe afrontar las acusaciones contra su esposa, a la que se le denunció por embolsarse bonos millonarios de una tienda, y las detenciones de personas ligadas a él.
La serie de escándalos de corrupción ligados a altos funcionarios y familiares del presidente taiwanés, Chen Shui-bian, ha puesto contra las cuerdas al político forjado en la lucha para implantar la democracia en la isla.
Los escándalos, con ataques contra la primera dama, Wu Shu-chan, a quien acusó de embolsarse bonos millonarios de unos grandes almacenes, llevaron este miércoles a parlamentarios de la oposición a celebrar una reunión para buscar el modo más expedito de derribar a Chen de la presidencia.
Los ataques opositores y la difusión mediática de los escándalos han desencadenado una reacción social de descontento, la caída de la bolsa y el fantasma de una crisis política en la isla.
Sin embargo, las pruebas y las decisiones judiciales sobre los escándalos no muestran, hasta la fecha, que el presidente tenga responsabilidad moral o participación en los casos.
"Una persona puede gustar o no, pero no se puede suplantar las decisiones judiciales y condenar sin pruebas", dijo este miércoles el primer ministro, Su Tseng-chang, ante los planes opositores de iniciar un proceso de destitución contra Chen.
Por eso, el principal dirigente opositor, Ma Ying-jeou, al que la opinión política isleña considera como el próximo presidente de Taiwán, se resiste a desencadenar procesos para derrocar al Gobierno o revocar el mandato de Chen sin mayores pruebas de su conexión con hechos ilegales.
Por otra parte, las detenciones y acciones judiciales contra personas relacionadas con Chen han sido aprovechadas por el ministro de Información, Cheng Wen-tsang, quien ha calificado los eventos como prueba de la democratización taiwanesa y la independencia del sistema judicial.
"La exposición de escándalos similares en China es impensable", dijo Cheng.
De momento, un alto funcionario de la Comisión Supervisora Financiera ha sido condenado a 10 años de prisión por tráfico de influencias, y la fiscalía considera que existen pruebas de que el yerno de Chen y su colaborador Chen Che-nan han cometido delitos de enriquecimiento ilícito.
También el dirigente oficialista Chang Chung-hung, ex presidente del Partido Demócrata Progresista (PDP) y actual vicepresidente de la Fundación Intercambios del Estrecho, encargada de las negociaciones con China sobre temas pragmáticos, ha sido detenido por corrupción.
Aunque en ninguno de esos casos está relacionado con el gobernante, su difusión mina la confianza popular en el PDP.
Tantas acusaciones han llevado al público a pensar que hay gato encerrado en la conducta de sus dirigentes, y millones de taiwaneses siguen día a día esta telenovela política, que la oposición alimenta con nuevas denuncias y más detalles.
Los observadores políticos, mientras, aseguran que Chen no dimitirá a menos que se pruebe su conexión directa con algún escándalo o se vea abandonado por su propio partido.
La oposición tiene que elegir entre dejar que la situación evolucione con la esperanza de que surjan nuevas pruebas contra Chen, presentar una moción de censura para derrocar al Gobierno o iniciar un proceso de destitución.
El derrocamiento del Gobierno permite a Chen la opción de nombrar un primer ministro aceptable para la oposición o disolver el Parlamento y convocar nuevas elecciones.
El proceso de destitución no tiene posibilidades de pasar la primera etapa en el Parlamento ya que necesita el apoyo de dos tercios de los parlamentarios, lo que supone 147 de los actuales 221 legisladores, y en el Parlamento los opositores sólo han logrado el apoyo de 117 parlamentarios.
Además, en caso de que el Parlamento apruebe la destitución, primero debe pasar por un plebiscito en el que debe obtener el respaldo de la mitad de los votantes.
Chen, para quitar presión, declaró que no intervendrá en el Gobierno ni en los asuntos del PDP y que todo el poder ejecutivo está en el actual primer ministro, Su Tseng-chang.
El presidente aprobó además la dimisión de cuatro de sus colaboradores en la Oficina Presidencial y el Consejo Nacional de Seguridad, y por el momento se mantiene en el cuadrilátero aunque arrecian golpes de la oposición. (EFE)
