Un Juzgado de Bolivia mandó a prisión a cuatro policías, una vocal judicial y el esposo de ésta, dentro de las investigaciones por las supuestas irregularidades cometidas por un consorcio de jueces, agentes y fiscales liderado por un abogado que torturaba a litigantes.
El Juzgado Segundo Anticorrupción y Violencia Contra la Familia dispuso la detención preventiva de la vocal Anawella T. P. y de su esposo, Clever T.Q., en el penal de San Sebastián, en la región central de Cochabamba, indicó la Fiscalía General del Estado en un comunicado de prensa.
Los cuatro policías, identificados como Carlos P., Jorge T.T., Hugo M.D. y Adolfo S., fueron enviados a distintas cárceles en Cochabamba para evitar que se mantengan en contacto y obstaculicen las investigaciones.
Otros supuestos implicados en el caso, el fiscal Mauricio O.G. y el vocal judicial Nelson P.A., deberán cumplir arresto domiciliario bajo custodia policial y pagar fianzas, además de tener prohibido salir del país y contactarse con otros vinculados en los hechos, entre otras restricciones.
La fiscal Faridy Arnez señaló que las investigaciones continuarán y que estarán atentos al resultado de las apelaciones presentadas por la defensa de los imputados.
Las ocho personas son investigadas por sus supuestos vínculos con un consorcio criminal encabezado por el abogado Jhasmani T.L. que fue grabado al torturar, extorsionar y amenazar de muerte a litigantes para obligarlos a pagar deudas.
El caso se destapó la semana pasada, después de que se difundieran unos videos en los que se ve el accionar del abogado, que ya enfrenta dos procesos penales iniciados por su padrastro y un mecánico que fueron víctimas de su violencia y extorsiones.
"Muy grave"
Por uno de estos procesos, Jhasmani T.L. fue encarcelado preventivamente en noviembre en la prisión cochabambina de El Abra, aunque hace unos días fue trasladado a la cárcel de Chonchocoro, en el altiplano de La Paz, tras descubrirse que seguía operando desde la prisión en Cochabamba.
Las autoridades bolivianas han calificado de "muy grave" el caso, pues el abogado logró establecer una estructura que operaba bajo la lógica de una mafia y cuyo poder logró extenderse hasta la Policía y el órgano judicial, llegando a "contaminar" varios procesos.