El gobierno de Bolivia acusó este domingo a los mineros afiliados en cooperativas de estar "dispuestos a matar" para tratar de imponer una reforma a la ley del sector que les permita pactar asociaciones con empresas privadas nacionales y extranjeras para la explotación de los yacimientos del Estado.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, hizo esa acusación en una entrevista con medios estatales para referirse a los violentos bloqueos protagonizados esta semana por miles de socios de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin).
El ministro dijo que la ley minera, promulgada en 2014, prohíbe en su artículo 151 que las cooperativas puedan suscribir contratos de asociación con el sector privado, nacional o extranjero.
"Esto es lo que les incomoda, por eso están dispuestos a matar", dijo la autoridad y agregó que "las cooperativas no pueden convertirse en un paraguas que esconda detrás suyo a una empresa, especialmente a una trasnacional".
Argumentó que las cooperativas como tales son organizaciones que la Constitución respeta y alienta porque no tienen fines de lucro y en teoría sus miembros trabajan en condiciones de igualdad.
Agregó que la Constitución también establece que sólo el Estado puede promover asociaciones para la explotación de la riqueza minera, como una forma de hacer respetar que los recursos naturales son "del pueblo boliviano" representado por el Estado.
Según Romero, entre las diez demandas planteadas por Fencomin al Gobierno figuran también la exigencia de más áreas de explotación y que se reduzcan los niveles de regulación del medioambiente.
Movilizaciones
La movilización de Fencomin comenzó el miércoles con el rechazo frontal de parte de las cooperativas mineras de una normativa que permite la creación de sindicatos en esas organizaciones, pero al mismo tiempo presentaron un conjunto de nuevas demandas.
A diferencia de las cooperativas de otras áreas, las mineras funcionan internamente con grupos minoritarios de patrones y decenas de miles de trabajadores subcontratados en condiciones de explotación, según investigaciones realizadas en el sector.
Los bloqueos en las rutas cesaron el viernes con una tregua, tras lo cual las autoridades judiciales ordenaron el sábado la reclusión en un penal de diez mineros acusados de atentar contra policías.
Los cooperativistas fueron detenidos en Mantecani, a unos 70 kilómetros de La Paz, donde el miércoles y el jueves centenares de ellos armados con dinamita se enfrentaron con los agentes durante unas operaciones con gases lacrimógenos para desbloquear las rutas.
El grupo fue imputado por tenencia ilícita de armas, atentados contra bienes públicos, atentados contra miembros de organismos de seguridad del Estado, causar lesiones graves y leves a personas y por atentados contra la seguridad de los servicios públicos.
Los dirigentes de Fencomin y el Gobierno deben volver a reunirse el próximo miércoles para discutir sobre el conflicto.
