Durante la asamblea, prevista para esta tarde, se negociará con el gobierno de Mesa la autonomía de la región, sus términos y la posible elección de un gobernador.
La atención boliviana está enfocada en un cabildo abierto en el que la región de Santa Cruz se propone avanzar hacia su autonomía y pronunciarse sobre un acuerdo de distensión con el gobierno.
La cita, con amplio respaldo empresarial, mediático y ciudadano, fue originalmente convocada para tratar la creación de un gobierno provisional autonómico, lo que generó rechazo nacional y de sectores populares de la propia Santa Cruz.
La fórmula -criticada por ser contraria a la Constitución- derivó en la creación de una "asamblea pre-autonómica", según dirigentes del Comité Cívico de Santa Cruz, entidad que dirige el movimiento y que registra una fuerte influencia empresarial.
La asamblea, indicó el vocero del comité, Carlos Dabdoub, organizará la autonomía, negociará con el gobierno central sus términos, tratará sobre un referéndum en torno al tema y podrá más adelante designar un gobernador.
El portavoz dijo que, pese a que el gobierno y los dirigentes del comité concertan una fórmula que otorgue autonomía a Santa Cruz y los otros ocho departamentos (provincias) del país, sin violentar la legalidad, el entendimiento requerirá el aval del cabildo.
El acuerdo, tratado en conversaciones auspiciadas por la Iglesia Católica, establece que el gobierno convocará elecciones de prefectos departamentales, cuyos ganadores serían nombrados por el presidente, a quien corresponden constitucionalmente las nominaciones.
De esta manera se daría cobertura legal a una autonomía de hecho, con cargo a que la asamblea constituyente defina el régimen autonómico que tendrá el país para dejar atrás el centralismo, una de las causas de los graves problemas sociales y regionales.
Otra demanda de la región oriental, un referendo para que cada región decida sobre su autonomía, encontró la oposición de la izquierda, que impidió la inclusión de un proyecto de ley para la consulta en la Cámara de Diputados.
El Movimiento al Socialismo (MAS) y otras fuerzas que discrepan del acuerdo entre el gobierno y el comité cruceño, consideran inaceptable que los resultados de un referendo impuesto por sectores empresariales condicionen las decisiones de la constituyente.
Las resistencias que suscita el movimiento cruceño señalan que éste es manipulado por sectores empresariales ligados a terratenientes y a las empresas transnacionales, empeñados en frustrar o condicionar la asamblea constituyente prevista para este año 2005.
Los críticos del autonomismo señalan además que este puede desestabilizar al gobierno, sin alternativas de relevo viables, y favorecer una salida autoritaria, en favor de quienes ven en la asamblea constituyente un peligro para sus privilegios.
El rechazo a esas amenazas es abrumadoramente mayoritario en el resto del país, y en Santa Cruz motivó a una manifestación de organizaciones populares contra el comité y el autonomismo empresarial y de defensa de la unidad de Bolivia.
El jueves 27 de enero, campesinos del interior cruceño bloquearon carreteras y amenazaron con paralizar la región si el cabildo eligiera un gobernador, al que adelantaron jamás reconocerían.
Entretanto, la prefectura y otros organismos estatales tomados durante la protestas de las últimas semanas, se mantienen ocupados a la espera de lo que decida el cabildo.
Hasta la noche del jueves 27, persistía la negativa gubernamental a atender la demanda del comité cruceño de dejar sin efecto un aumento de precio del diesel decretado el 31 de diciembre de 2004 y que desencadenó las protestas. (Agencias)
