Gobierno boliviano demandará a líderes cruceños por agresiones a la policía
El prefecto de Santa Cruz y el presidente del Comité Cívico fueron considerados los promotores de actos violentos.
El prefecto de Santa Cruz y el presidente del Comité Cívico fueron considerados los promotores de actos violentos.
El Gobierno de Evo Morales demandará al prefecto (gobernador) opositor de Santa Cruz, Rubén Costas, y al presidente del Comité Cívico, Branco Marincovik, por las agresiones que sufrieron agentes policiales el pasado viernes, informó este lunes la Agencia Boliviana de Información (ABI, estatal).
El Ejecutivo considera a los líderes opositores los "promotores de las acciones de violencia contra la policía" en los enfrentamientos entre los agentes y grupos de discapacitados de Bolivia apoyados por radicales autonomistas en el departamento de Santa Cruz.
Como consecuencia de los choques, el comandante de la Policía en Santa Cruz, Wilge Obleas, se vio obligado a solicitar su relevo por baja médica, tras ser agredido por una turba.
"Ya tenemos identificados los nombres de las personas encabezadas por Costas y Marinkovic", informó el ministro de Gobierno (Interior), Alfredo Rada, en declaraciones a radio Patria Nueva y recogidas por ABI.
Para Rada, lo sucedido el viernes en Santa Cruz es un "ataque abierto contra la policía, un asalto que pretendía obligar al comandante departamental a dejar el mando en manos del prefecto Rubén Costas".
Tras los enfrentamientos, el gobernador opositor de Santa Cruz exigió al Gobierno de Evo Morales que el nuevo comandante de la policía en esa región contase con su aprobación, ya que en caso contrario no lo reconocería.
En este sentido, el ministro Rada recordó que la policía "actúa con lealtad no a las autoridades sino a las leyes".
Asimismo, señaló que Costas y sus seguidores "buscan quebrar a la policía y someterla para anular el control a todos los actos ilegales que impulsan y que los miembros de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) cumplen por su encargo".
Los choques en Santa Cruz se iniciaron el pasado viernes cuando la policía desalojó con violencia a unos discapacitados que ocupaban las instalaciones de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en demanda de una ayuda anual de 3.000 bolivianos (unos 423 dólares) que, según este colectivo, el Ejecutivo les había prometido.
La acción policial desencadenó una serie de enfrentamientos a lo largo de toda la jornada a los que se sumaron miembros de la radical Unión Juvenil Cruceñista (UJC) y otros grupos de autonomistas que cercaron y atacaron el Comando de la Policía en Santa Cruz.