Gabriela Zapata, ex pareja del presidente de Bolivia, Evo Morales, fue detenida por la Policía y se encuentra en una oficina de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Corrupción (FELCC).
El Ministerio de Gobierno (Interior) confirmó a través de su cuenta de Twitter la detención de Zapata y posteriormente el titular de ese departamento, Carlos Romero, explicó en una rueda de prensa que el Ministerio de Transparencia y la Unidad de Investigación de Fortunas presentaron ante la Fiscalía denuncias que implican a esta persona.
Romero, que no precisó qué tipo de acusaciones pesan sobre Zapata, agregó que la Policía hizo un seguimiento de la mujer y la detuvo hoy cerca del mediodía, poniéndola a disposición de los fiscales que investigan las denuncias.
Zapata fue pareja de Morales entre el 2005 y el 2007 y de la relación nació un niño que falleció poco después, según reveló recientemente el propio mandatario hace pocas semanas.
La detenida es actualmente gerente comercial en Bolivia de la empresa china CAMC Engineering (Camce), que en los últimos años firmó contratos con el Gobierno de Morales por valor de 566 millones de dólares, la mayoría por trato directa tras haberse descartado licitaciones.
Las dudas y la "guerra sucia"
Cuando se conoció la relación que mantuvo con Zapata, el mandatario dijo que no había vuelto a ver a la mujer desde que rompieron en el 2007, pero su versión fue desmentida por la aparición de unas fotografías del 2015 en las que posaron juntos durante las fiestas de Carnaval.
El mandatario adujo entonces que son muchas las personas que se acercan a él para tomarse fotografías, y que su ex novia le pareció una "cara conocida", aunque posteriormente se percató de que era Gabriela Zapata.
La relación de Gabriela Zapata con Morales y los contratos que suscribió Camce con el Estado derivaron en una denuncia del periodista Carlos Valverde sobre un supuesto tráfico de influencias, que tanto el mandatario como su ex novia han negado.
Morales, de hecho, atribuyó estas acusaciones a una "guerra sucia" de la oposición de cara al referendo constitucional realizado el domingo en su intento de presentarse a la reelección en 2019, donde fue derrotado.
Palacio Quemado se defiende
A petición del presidente las contrataciones estatales con la firma china están siendo investigadas por la Contraloría General del Estado, dirigida por un oficialista, y por una comisión del Parlamento, en el que el Movimiento al Socialismo (MAS) tiene la mayoría.
Esta semana el Gobierno concretó el cobro de unas garantías bancarias por 22,8 millones de dólares de Camce como una forma de castigarla por incumplimientos en la construcción del ferrocarril Bulo Bulo-Montero, en la región oriental de Santa Cruz.
Al mismo tiempo, el Ejecutivo decidió excluir a Camce de las licitaciones que se sacarán a concurso para construir carreteras que se financiarán con un crédito chino por 7.000 millones de dólares.
Las autoridades argumentaron que tanto el cobro de las garantías como la exclusión de la empresa de futuras licitaciones prueban que el Gobierno no está implicado en tráfico de influencias.