La ex mandataria interina ya lleva cuatro meses recluida tras ser acusada de terrorismo, sedición y conspiración.
Las acusaciones son parte del caso llamado "golpe de Estado" por el que procesan a exministros del Gobierno transitorio, ex jefes policiales y militares.
Imagen referencial.
Este lunes la Fiscalía de Bolivia admitió una nueva acusación contra la ex presidenta interina Jeanine Áñez, por delitos de genocidio, lesiones graves y lesiones seguidas de muerte, por el fallecimiento de civiles con disparos de bala en el año 2019.
La Fiscalía publicó esta admisión por las masacres ocurridas en Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto), donde una veintena de personas fallecieron en enfrentamientos con las policías y militares.
El Ministerio Público confirmó "al Tribunal Supremo de Justicia que inició fase de acumulación de antecedentes", en una publicación en el Facebook de la entidad.
La anterior está acompañada por la notificación de inicio de investigaciones "por la presunta comisión" de genocidio, lesiones graves y lesiones seguidas de muerte en una denuncia interpuesta por los familiares de las víctimas.
Todo comenzó el 15 de noviembre de 2019 durante una marcha en la que los manifestantes pedían la validación a la victoria de Evo Morales en los comicios anulados de ese año.
Cuatro días después, pobladores hicieron un bloqueo en la planta de combustibles de Senkata, donde se enfrentaron con las fuerzas militares que buscaban habilitar el paso en el lugar.
Según la versión del Gobierno interino en ese entonces, los disparos se produjeron entre los mismos manifestantes y que las fuerzas de seguridad no habían utilizado armamento letal.
Sin embargo, organismos como la Defensoría del Pueblo establecieron que hubo un uso desmedido de la fuerza.
Esta acción de la Fiscalía podría derivar en la entrega de la investigación al Parlamento, para que se pronuncie sobre el juicio de responsabilidades contra la ex mandataria.
Actualmente, Áñez lleva cerca de cuatro meses privada de libertad en una cárcel de La Paz tras ser acusada de terrorismo, sedición y conspiración.
Estas acusaciones son parte del caso llamado "golpe de Estado" por el que también se procesa a exministros del Gobierno transitorio, además de ex jefes policiales y militares.
Mientras, en el Parlamento boliviano también se encuentran las acusaciones contra Áñez por la autorización de un crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sin aval del Legislativo, la aprobación de un decreto contra la libertad de expresión y la ampliación de la concesión del Servicio Público de Registro de Comercio.
Esta nueva acción judicial contra la acusada se produce días después del anuncio de su defensa, para pedir la suspensión de su detención por nuevas evidencias que la liberaran de la participación de un "supuesto golpe de Estado".
