Gonzalo Sánchez de Lozada es acusado por la privatización parcial de una empresa estatal de ferrocarriles de parte de Cruz Blanca.
Sánchez de Lozada fue presidente en los periodos 1993-1997 y 2002-2003.
La Fiscalía de Bolivia imputó al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003) por haber causado supuestos daños al Estado en dos casos, uno de ellos en la privatización parcial en 1995 de una empresa estatal boliviana de ferrocarriles por parte de la empresa chilena Cruz Blanca.
La Fiscalía presentó ante la Justicia la imputación contra Sánchez de Lozada, quien radica en EE.UU, en el caso del ferrocarril por los supuestos delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y resoluciones contrarias a la constitución y las leyes.
Según un comunicado de la Fiscalía, la empresa chilena Cruz Blanca se adjudicó la mitad de las acciones de la Ferroviaria Andina por un monto de dinero menor al valor en libros de la misma.
"La diferencia no pagada en la licitación también es el monto que dejó de invertir en la sociedad en los primeros siete años, constituyéndose además en el fundamento del daño económico causado al Estado de 142.018.600 bolivianos", establece la imputación.
Esa suma equivalía en 1995 a 28 millones de dólares.
Además están acusados por esa adjudicación y por los mismos delitos los ministros bolivianos de entonces Antonio Araníbar y Carlos Sánchez Berzaín, que también vive en EE.UU.
En 2015, la firma chilena vendió sus acciones en la Ferroviaria Andina al empresario paraguayo-venezolano Carlos Gill, que también tiene participación en la Ferroviaria Oriental.
Otra imputación contra el ex Mandatario
La Fiscalía presentó además otra imputación contra Sánchez de Lozada por haber avalado un préstamo supuestamente irregular de 21 millones de dólares para una fundación privada en 1996, también por los supuestos delitos de Contratos Lesivos al Estado, Incumplimiento de Deberes y Conducta Antieconómica, entre otros delitos.
En este caso, conocido como Formación de Capitales en Áreas Secundarias (Focas), también fue imputado antes por delitos similares el dirigente opositor Samuel Doria Medina, quien ha acusado a la Fiscalía y al Gobierno de Evo Morales de tratar este tema con fines de persecución política.
