Estudio reveló que mujeres agredidas no reciben las atenciones correspondientes.
Falta de capacitación es una de los principales obstáculos para cumplir la normativa.
La legislación penaliza con prisión máxima de 30 años sin indulto desde 2013.
La eficacia de la ley contra la violencia machista en Bolivia está en entredicho tras una investigación que detectó fallos preocupantes e insensibilidad en las actuaciones policiales, judiciales y médicas para atender a las víctimas en el país latinoamericano con mayores tasas de violencia contra la mujer.
Las organizaciones privadas Alianza Libres Sin Violencia y la Comunidad de Derechos Humanos realizaron este año una investigación con una revisión de 287 casos, encuestas a 483 usuarias de los servicios estatales que atendieron esos procesos y entrevistas a 81 abogados de 28 municipios del país.
El estudio, al que tuvo acceso Efe, establece que hay "importantes falencias" en los servicios públicos que atienden a las víctimas de la violencia.
Los fallos detectados, según el informe, vulneran los procedimientos mínimos que el Estado debe garantizar para proteger a las mujeres cuando sufren violencia, recogidos desde 2013 en la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia.
Las encuestas realizadas a víctimas de violencia buscaron determinar si se cumplen los procedimientos estándares internacionales, protocolos y principios sobre la "debida diligencia" por parte de policías, fiscales y jueces, explicó la abogada Mónica Baya.
Un 86 por ciento de las víctimas de violencia sexual "no recibió anticoncepción de emergencia ni tratamiento para prevenir enfermedades de transmisión sexual en los servicios de salud", denuncia el informe.
El estudio señala ese porcentaje como "muy preocupante", ya que puede agravar la situación de la víctima si esta queda embarazada y tiene que recurrir al aborto, cuando esa gestación pudo detenerse en las primeras 48 horas tras la agresión.
Las instituciones responsables del informe recuerdan que los municipios y las gobernaciones son las responsables de dotar de los medicamentos a los centros médicos para esos casos, pero, además, sostienen que los médicos no son proactivos a la hora de ofrecer esos tratamientos a las víctimas.
A pesar de que la ley establece que la atención a las víctimas debe ser gratuita, un 58 por ciento de las mujeres encuestadas aseguró que pagó gastos durante el proceso de denuncia, desde fotocopias y otros materiales hasta el transporte de los policías asignados a su caso.
Falta de capacitación
La falta de capacitación es otra de las piedras con las que tropieza la aplicación efectiva de la ley.
Así, un 86 por ciento de los abogados que asesoran a víctimas consideran que el personal de la fuerza especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) no está capacitado en violencia de género, como tampoco la mayoría de los fiscales.
Esta falta de capacitación deriva, según Baya, en situaciones de "insensibilidad absoluta" como lo es el que un 80 por ciento de las mujeres que requerían atención médica porque llegaron con heridas a la policía no fueran acompañadas a un centro médico.
Las encuestas también detectaron que los agentes que atienden los casos no acompañan a las víctimas a lugares más seguros y si lo hacen casi siempre es a la misma casa donde puede estar el agresor, lo que denota una falta de valoración del peligro para la mujer.
La FELCV tampoco ofrece la atención integral psicológica y social multidisciplinaria que prevé la norma y las fiscalías sí tienen equipos de ese tipo, pero son pocos, según Baya.
Mayoritariamente tampoco se aplicaron las medidas de protección legales durante las siguientes 72 horas a la agresión y, en los casos en los que se aplicaron, los agresores las ignoraron impunemente.
La abogada reconoció que es "imposible" tener a un policía durante 24 horas al lado de una mujer agredida, pero remarcó que las autoridades deben valorar si es necesaria la detención preventiva del agresor y el cambio de domicilio de la mujer.
Un 32 por ciento de las mujeres indicó que fueron ellas quienes, personalmente, debieron entregar a su agresor la citación policial.
También son recurrentes los casos de cambios de fiscales, lo que supone paralizar al menos dos meses cada proceso.
Además, hubo casos en los que policías disuadieron a las mujeres de denunciar y fiscales alentaron conciliaciones o desistieron en la persecución contra los agresores, con la aquiescencia de los jueces.
En uno de los casos una mujer de la ciudad andina de Oruro fue asesinada porque la Fiscalía no dispuso medidas de protección a pesar de que denunció su caso.
En lo que va del año, la Defensoría del Pueblo registró unos 107 casos de feminicidio, delito que desde 2013 se castiga en Bolivia con treinta años de prisión sin indulto, la mayor pena recogida en la legislación del país, aunque según otro estudio citado por las organizaciones privadas hay jueces que reducen esta condena.
