Médicos bolivianos anunciaron fin de la huelga que puso en crisis al país

Los médicos bolivianos anunciaron el fin de la huelga iniciada hace 47 días en contra del Gobierno de Evo Morales, tras un conflicto que afectó seriamente a la sanidad pública en Bolivia.

"Vamos a volver a nuestros hospitales, (...) vamos a volver a trabajar", aseguró el presidente del Colegio Médico de Bolivia, Aníbal Cruz, en una comparecencia ante los medios para anunciar que el paro cesa a partir esta medianoche.

El presidente indicó que será "un regreso ordenado" a los puestos de trabajo, en lo que calificó como un "logro" tanto para los médicos como para el conjunto del pueblo boliviano, del que elogió su "sacrificio" durante este mes y medio de huelga.

"No claudicaremos", advirtió no obstante, en la defensa de mejor servicio de salud pública en Bolivia hasta conseguir "un sistema gratis" de atención universal en el país.

Cruz explicó que el fin del paro llegó tras un acuerdo con el Gobierno para elaborar una ley general de salud y poner en marcha un instituto de arbitraje ante conflictos, además de la derogación de la normativa que originó este enfrentamiento.

Los empleados sanitarios emprendieron el conflicto a finales de noviembre contra un decreto para crear un organismo de fiscalización de su labor y en contra de un artículo del nuevo Código Penal que prevé penas incluso de cárcel por mala praxis médica.

El presidente del país anunció la pasada semana la derogación de ese artículo, que tiene previsto anular mañana el Parlamento boliviano, y en vistas de que pese a ello no cesaba la protesta, esta mañana advirtió de medidas legales para acabar con el paro.

El anuncio del final de la protesta se produce pocos días antes de que el próximo jueves llegue el rally Dakar a Bolivia, para lo que el Ejecutivo de Morales había previsto un plan especial de atención sanitaria a participantes y público.

Los médicos protagonizaron durante este mes y medio huelgas de hambre en centros sanitarios, enfrentamientos con la Policía y bloqueos de calles y carreteras, con el apoyo de otros colectivos profesionales y de colegas de otros países.

El Gobierno les acusó de actuar por interés político en su contra apoyados por la oposición y para favorecer la sanidad privada, generando una situación de emergencia en el país con más de 800.000 consultas médicas y 10.000 cirugías suspendidas.