El ex presidente altiplánico es cuestionado por una millonaria indemnización que el Estado de su país pagó a la firma Quiborax por incumplimiento de contrato.
"Me van a enjuiciar por haber nacionalizado el salar de Uyuni", fustigó.
El ex presidente boliviano Carlos Mesa (2003-2005) cargó este jueves contra el oficialismo y el Ministerio Público por un proceso reactivado en su contra por un fallo internacional que obligó al Estado boliviano a pagar una multa millonaria a una empresa chilena en el que el opositor asegura no tener responsabilidad alguna.
Mesa explicó en una rueda de prensa en La Paz los antecedentes del caso conocido como Quiborax un día después de que una comisión mixta del Parlamento aprobara el inicio de un juicio de responsabilidades en su contra por supuestas resoluciones contrarias a la Constitución, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
"Me van a enjuiciar por haber nacionalizado el salar de Uyuni y por haber expulsado a una empresa pirata e ilegal de Bolivia", manifestó el ex gobernante.
En 2004, durante el gobierno de Mesa, fueron revocadas concesiones mineras en el salar de Uyuni para explotar ulexita a la empresa con mayoría de capital chileno Non Metallic Minerals, socia de la chilena Quiborax.
Las firmas presentaron una controversia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial, que en 2018 cerró el caso a favor de las demandantes al entender que la revocación no se ajustó a la ley.
El Estado boliviano firmó entonces un acuerdo para compensar con 42,6 millones de dólares a las empresas chilenas.
Mesa explicó que durante su gestión decidió nacionalizar el salar de Uyuni declarando "de dominio estatal a toda la costra salina" de ese reservorio, uno de los principales yacimientos mundiales de litio.
Según el ex presidente, también se detectó que "Non Metallic Quiborax había recibido una concesión ilegal", además de no pagar impuestos, no respetar temas medioambientales y declarar exportaciones "muy inferiores a lo que realmente" estaba enviando al exterior.
El ex gobernante acusó a la firma de haber falsificado su acta de conformación para "establecer una mayoría accionaria extranjera" y acudir al Ciadi, una acción de la que, según Mesa, estaba enterado el entonces gobierno de Evo Morales y ante la cual "no hizo el reclamo que tenía que hacer".
Mesa recordó que la Administración de Morales rechazó un primer acuerdo para compensar con 3 millones de dólares a la firma, luego vino una demanda que reclamaba 27 millones y finalmente el entonces gobierno acordó con los demandantes el pago de 42,6 millones.
El ex mandatario apuntó por ello a los exprocuradores Héctor Arce Zaconeta y Pablo Menacho, al ex titular de Minería César Navarro y al entonces ministro de Economía y actual presidente, Luis Arce.
Mesa aseguró que en su momento presentó varios "escritos de acusación" contra los exfuncionarios que fueron rechazados "porque el Ministerio Público está al servicio del gobierno" del Movimiento al Socialismo (MAS).
También recordó que en 2018, Evo Morales decretó una amnistía avalada por el Legislativo para él y para el ex presidente Jorge Quiroga en casos judiciales que tenían pendientes para que colaboren libremente en la causa marítima boliviana ante Chile.
Mesa rechazó en su momento la amnistía al considerar que eso suponía que se presumía su culpabilidad en el caso Quiborax, lo que, según dijo este jueves, "no elimina la obligatoriedad del cumplimiento" de ese decreto.
Para el ex presidente, Morales le dio la amnistía "para proteger y garantizar la impunidad" de sus excolaboradores a quienes acusó de ser los "verdaderos autores del delito de complicidad y pignoración de 42 millones de dólares en favor de una empresa pirata".
Agregó que volverá a presentar acusaciones contra estos ex funcionarios cuando se tenga en el país "un sistema judicial creíble".
El partido de Mesa considera que el avance del juicio contra el exmandatario en el Legislativo busca "presionar" a la oposición para conseguir que se aprueben juicios de responsabilidades de interés del MAS, entre ellos los procesos contra la ex presidenta interina Jeanine Áñez.
