Además, se realiza una nueva colecta en la Aduana boliviana para pagar la multa de 32 millones impuestos por el tribunal chileno.
Tribunal de Pozo Almonte decretó la expulsión de los nueve bolivianos, quienes fueron sancionados con una multa de 32 millones de pesos.
Los funcionarios de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) pagaron alrededor de 50.000 dólares por la defensa y otros gastos en favor de sus siete compañeros detenidos en Chile desde marzo junto con dos militares, los que fueron expulsados del país según la sentencia del Tribunal de Pozo Almonte.
La directora de la ANB, Marlene Ardaya, dijo a varios medios de comunicación que la Aduana ha iniciado una nueva colecta para cubrir la multa dictada por una jueza chilena de 32 millones de pesos, cerca de 48.000 dólares.
Un portavoz de la ANB precisó que la colecta está solicitando 300 bolivianos (43 dólares) a los directivos que cobran más de 10.000 (alrededor de 1.450 dólares) y 170 bolivianos (24 dólares) al resto de funcionarios, pero refiriéndose a ese tema Ardaya insistió en todo momento en que las aportaciones son voluntarias.
La institución cuenta con alrededor de 1.800 funcionarios, de modo que si todos aportan la cifra estipulada el aporte se acercaría mucho a los 48.000 dólares.
Fuentes de la Aduana confirmaron que esta colecta es la segunda, después de que ya se pagó por este medio a los abogados chilenos que participaron en la defensa y otros gastos destinados al bienestar de los nueve detenidos en la prisión de Alto Hospicio, en Iquique, Chile, y a costear dos visitas de sus familiares.
Expulsados del país
El miércoles, la jueza Isabel Peña condenó a siete funcionarios de la ANB por lo delitos de robo con violencia y contrabando y a dos militares bolivianos por porte ilegal de armas, en lo que las autoridades bolivianas sostienen que fue una operación contra el contrabando en territorio boliviano el 19 de marzo.
La Justicia chilena impuso la multa y decretó la expulsión del país como sanción sustitutiva a las penas de cárcel previstas para esos delitos.
En un comunicado, la planta ejecutiva de la institución "agradece la solidaridad de los servidores públicos de la Aduana Nacional por su aporte voluntario destinado a cubrir costos de bufetes de abogados de Santiago e Iquique".
Ardaya se reunió esta mañana en la Cancillería con autoridades de ese ministerio, el de Justicia y la Procuraduría General del Estado, de modo que el Gobierno se pronunciará próximamente sobre si pagará o no algunos de esos gastos que han sido adelantados mediante aportes de los funcionarios.
"No se ha tocado ni un centavo del Estado Plurinacional, todo ha sido nuestro aporte voluntario", dijo Ardaya al diario El Deber.
Desde la ANB explicaron que las colectas han sido un mecanismo de urgencia para hacer frente a los gastos, ya que el Gobierno habría tenido que elaborar una normativa que habría prolongado el tiempo necesario, e incluso los aportes podrían llegar a devolverse si finalmente el Estado se hace cargo.
