El asesinato en Bolivia de un joven de 27 años, que supuestamente fue enterrado vivo a manos de una turba en plena cuarentena por la Covid-19, determinó que la Fiscalía del país abriese una investigación para identificar a los responsables del suceso.
La Fiscalía boliviana ha iniciado una investigación "por el delito de asesinato" en un contexto en el que se cree que un grupo de pobladores de Chalviri, localidad del municipio de Sacaba en el departamento central de Cochabamba, acusaron al joven de haber robado una motocicleta, según una nota de dicha institución.
El hecho se produjo el pasado jueves y "el viernes 8 de mayo mi persona junto con la policía nos dirigimos a Chalviri, pero no pudimos llegar", explicó la fiscal asignada al caso, Mónica López, citada en el comunicado.
La funcionaria relató que no pudo llegar hasta el sitio del suceso debido a que había un grupo de unas 250 personas "enardecidas" y que eso suponía un riesgo para ella.
Un grupo de vecinos del lugar interceptó el jueves Celso C. R., al que acusaron del robo de una motocicleta, por lo que denunciaron lo ocurrido ante los dirigentes locales, añade la versión oficial.
Pero la situación empeoró cuando el grupo que retenía al supuesto ladrón supo que era reincidente en ese tipo de actos y que tenía denuncias ante la justicia.
En la madrugada de este sábado la Policía recuperó el cuerpo sin vida de la víctima para luego hacerle una autopsia con el fin de establecer las causas exactas del deceso, según la comunicación.
La valoración forense reveló que Celso C. R. "falleció por anoxia anóxica, asfixia por sepultamiento", indicó la Fiscalía.
Un elemento determinante para sospechar que fue enterrado vivo es que "se encontró tierra en la cavidad bucal, es decir en la lengua y la tráquea".
"Lamentamos que se confunda este tipo de hechos con la justicia comunitaria y se incurra en el delito de asesinato", dijo la fiscal López.
La Constitución de Bolivia reconoce la justicia indígena y campesina, que tiene el mismo rango de la originaria que sirve para dirimir cuestiones dentro de los poblados más alejados y en los que tienen tradición ese tipo de deliberaciones.
Sin embargo, las autoridades han aclarado que los actos de linchamiento y ajusticiamiento no son parte de la tradición de los pueblos campesinos ni indígenas.
El suceso se produjo cuando Bolivia analiza la posibilidad de aplicar una cuarentena más flexible por municipios y cuando las funciones de la justicia se han limitado en este país a la atención de casos de emergencia y a realizar audiencias virtuales debido a la pandemia del coronavirus.
