Dardos apuntan a Eduardo Cunha, quien es acusado por corrupción en Petrobras.
Manifestaciones se replicaron en ciudades como Sao Paulo y Brasilia.
Manifestación fue convocada por el Frente Pueblo Sin Miedo.
Miles de brasileños protestaron en Sao Paulo, Brasilia y otras ciudades para exigir la renuncia o la destitución del presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, por su alegada participación en las corruptelas investigadas en Petrobras.
La manifestación más multitudinaria se dio en Sao Paulo, donde decenas de miles de personas protestaron por avenidas del centro de la ciudad, convocados por el Frente Pueblo Sin Miedo, organización que aglutina a decenas de movimientos sociales y grupos de izquierdas.
En Brasilia unos manifestantes prendieron fuego a un muñeco con una fotografía de Cunha en los jardines ubicados frente al parlamento.
Cunha está siendo investigado por la justicia por la sospecha de que recibió al menos cinco millones de dólares provenientes de la corrupción petrolera y ocultarlos en unas cuentas secretas en bancos suizos.
La cámara de diputados inició la semana pasada un proceso con miras de destitución contra Cunha, en el que se le acusa de faltar al decoro parlamentario por supuestamente haber mentido sobre la existencia de esas cuentas.
En dos entrevistas a medios locales, Cunha reconoció el sábado la existencia de las cuentas, pero sostiene que no mintió pues él solo figura como "beneficiario" y la titularidad es de una empresa a la que él cedió el dinero para que lo gestionase.
Cunha pertenece al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), del vicepresidente Michel Temer, pero anunció hace unos meses su decisión personal de pasar a la oposición, a la que intenta arrastrar a esa influyente formación.
En su condición de presidente de la cámara de diputados, Cunha tiene la atribución constitucional de decidir sobre el inicio de un posible juicio con miras a la destitución de la mandataria, Dilma Rousseff, que ya ha sido solicitado por cuatro partidos de oposición.
Esa petición se fundamenta en unas maniobras fiscales que supuestamente el gobierno hizo para maquillar sus resultados de 2014 y que, según organismos de contraloría del estado, han continuado este año.
