El Tribunal Supremo de Brasil aceptó por unanimidad las denuncias contra el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, por su supuesta participación en la red de corrupción que operó en la estatal Petrobras.
Esta decisión convierte a Cunha en el primer presidente de la Cámara Baja de Brasil que, en ejercicio de ese cargo, es sometido a un juicio penal por la Corte Suprema, que investigará su presunta participación en fraudes con contratos de la petrolera, que le habrían rendido comisiones por unos cinco millones de dólares.
El camino hacia el recibimiento de las denuncias fue trazado por el magistrado Teori Zavascki, instructor del caso, quien en una primera sesión sobre el caso realizada este miércoles recomendó al pleno de la Corte dar luz verde a la investigación, lo que este jueves fue respaldado por los otros diez miembros del Tribunal Supremo.
Por las corruptelas en Petrobras, que la propia empresa reconoció en sus propios balances le causaron perjuicios por 2.000 millones de dólares, la Corte Suprema investiga a medio centenar de políticos, entre quienes también figura el presidente del Senado, Renán Calheiros.
Cunha pertenece al oficialista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que lidera el vicepresidente del país, Michel Temer, pero el año pasado anunció su decisión personal de pasar a la oposición y se declaró "adversario" de la presidenta Dilma Rousseff.
Por las mismas acusaciones que enfrenta en el Tribunal Supremo, Cunha también está sometido a un proceso en el Consejo de Ética de la Cámara Baja, que puede despojarlo del cargo de presidente de ese órgano legislativo o incluso de su mandato.
En su condición de presidente de la Cámara de Diputados, Cunha aceptó a fines del año pasado iniciar los trámites para un posible juicio con miras a la destitución de Rousseff, solicitado por la oposición por unas irregularidades en las que el Gobierno habría incurrido para maquillar sus balances fiscales de 2014 y 2015.
Ese juicio político llegó a comenzar, pero fue interrumpido por la Corte Suprema debido a algunos "errores de procedimiento", tras lo cual la Cámara de Diputados pidió al tribunal que aclare algunos aspectos de esa decisión, pero la Corte aún no se ha pronunciado, lo que todavía mantiene paralizado el proceso.
