Defensoría de Rio de Janeiro rechazó que se impidiera llegar a Copacabana a unos 160 niños negros y pobres.
Policía militarizada los detuvo y evitó que llegaran a la tradicional playa.
La Policía impidió el acceso de los menores a la playa de Copacabana.
La Defensoría Pública de Río de Janeiro anunció que pretende tomar medidas legales contra las autoridades de este estado brasileño por haber impedido el acceso a la playa a cerca de 160 menores de edad negros y pobres.
La Policía Militarizada de Río de Janeiro realizó una operación especial el pasado fin de semana y detuvo a decenas de jóvenes cuando se dirigían en autobuses municipales a la playa carioca de Copacabana.
Los autobuses fueron parados en un túnel que conecta Copacabana con el barrio de Botafogo y los jóvenes, que procedían de barrios pobres de la periferia de Río, fueron conducidos por la policía a centros de atención de menores de la Alcaldía.
El gobernador de Río de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, justificó las retenciones como un medio para evitar robos en las playas y afirmó que "algunos" de los menores interceptados por la Policía habían practicado robos en otras ocasiones.
"¿Cuántos robos tuvimos, practicados por algunos de esos menores? No estoy diciendo que son todos los que estaban allí, pero hay muchos de ellos, identificados, que ya fueron detenidos más de cinco, ocho, diez o quince veces", dijo el gobernador el lunes.
No obstante, ninguno de los jóvenes a los que se vetó el acceso a la playa fue arrestado, porque no portaban armas o drogas ni cometieron delito alguno.
La coordinadora de Defensa de los Derechos del Niño y del Adolescente de la Defensoría Pública, Eufrásia Souza das Virgens, calificó estas detenciones como "un intento de segregación" de la ciudad, realizado por la Policía "atendiendo al pedido de un sector de la sociedad".
"Son adolescentes negros, pobres. Son ellos los que acaban siendo llevados. Hay selectividad de la Policía a la hora del abordaje", aseguró Das Virgens a EFE.
La Defensoría Pública cuestionó las detenciones al Gobierno regional, a la Alcaldía y a la Policía Militarizada de Río de Janeiro.
Asimismo anunció que pretende impulsar acciones de responsabilidad civil en la Justicia para que el Estado indemnice a los menores por las "coerciones" que sufrieron.
"El abordaje de la Policía a estos menores es una discriminación sin justificación y sin fundamento jurídico alguno", afirmó la representante de la Defensoría.
Las detenciones arbitrarias no son nuevas, según la Defensoría, por lo que el pasado mayo solicitó a la Justicia que prohibiera a la Policía abordar a los menores a no ser que estén cometiendo un delito.
Según Das Virgens, la sala de la Infancia del Tribunal de Justicia de Río sólo admitió a trámite esta petición el pasado lunes, aunque aún no se ha pronunciado al respecto.
