El juicio político al que responde la presidenta suspendida de Brasil proseguirá el lunes próximo.
Está siendo acusada de irregularidades fiscales.
Rousseff se encuentra suspendida de sus funciones.
El juicio político al que responde la presidenta suspendida de Brasil, Dilma Rousseff, proseguirá el lunes próximo, pero nuevas sospechas de financiación ilegal de su campaña electoral contaminan este jueves el proceso que le puede costar el mandato.
El juicio contra Rousseff, acusada de irregularidades fiscales que ella niega, entró en una nueva fase, en la que serán escuchados testigos de la defensa y la acusación, pero fue suspendido hasta el próximo lunes, tras una maratoniana primera sesión.
La reunión en que fueron escuchados los testimonios de expertos que confirmaron la hipótesis de que Rousseff violó las leyes de presupuestos comenzó al mediodía del miércoles y concluyó durante la madrugada de este jueves tras unas 15 horas de debates.
Por esa razón, el presidente de la comisión, el senador Raimundo Lira, decidió cancelar la sesión prevista para este jueves, en la que serían escuchados los primeros tres testigos de la defensa, que han sido citados para el próximo lunes.
La sesión de este miércoles marcó el inició de la fase procesal del juicio político y escuchó, entre otros, el testimonio del fiscal del Ministerio Público de Cuentas Julio Marcelo de Oliveira.
Funcionario de un organismo auditor del Estado, De Oliveira fue responsable por la investigación que detectó las maniobras fiscales por las que está acusada Rousseff, las cuales afirmó que permitieron "adulterar" los resultados del Gobierno en 2014 y 2015 y mejorar los datos que mostraba la realidad contable.
El fiscal relató ante la comisión del Senado que esas maniobras comenzaron en 2013, se acentuaron en 2014 y continuaron en 2015.
Entre otras irregularidades, explicó que el Gobierno dejó de depositar en la banca pública, usada como agente de pagos, parte de los montos previstos para seguros de desempleo, subsidios a familias más pobres y créditos agrícolas, entre otras obligaciones.
Aunque en términos jurídicos el proceso está enmarcado solamente en esas irregularidades, el hecho de que los senadores actúen como jueces le da un fuerte carácter político y una sensibilidad especial frente a cualquier otra sospecha que pueda aparecer.
Un nuevo elemento
Un nuevo elemento que pudiera contaminar el proceso surgió este jueves, cuando el diario O Globo reveló parte del contenido de la declaración que uno de los acusados por el escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras prestó en el marco de un acuerdo de cooperación con la justicia.
Según el periódico, el ingeniero polaco Zwi Skornicki, detenido por ese asunto y que trabajaba en Brasil para el astillero Keppel Fels, con sede en Singapur, confesó que hace un par de años entregó 4,5 millones de reales (hoy 1,3 millones de dólares) no declarados para la campaña que llevó a Rousseff a la reelección en 2014.
El dinero, de acuerdo a la declaración que O Globo le atribuye a Skornicki, habría sido exigido por el extesorero del Partido de los Trabajadores (PT) Joao Vaccari Neto, detenido el año pasado y ya condenado a 15 años de prisión por las corruptelas en Petrobras.
Según esa versión, el dinero fue depositado en una cuenta que mantenía oculta en Suiza el publicista Joao Santana, responsable por la campaña de Rousseff en 2014 y también detenido por la corrupción petrolera.
Rousseff, suspendida de sus funciones y sustituida temporalmente por su antiguo vicepresidente, Michel Temer, reaccionó indignada a esas nuevas sospechas, de las que aseguró que "no existen pruebas de ninguna naturaleza" y que atribuyó a una "campaña difamatoria".
Afirmó que esa "campaña calumniosa de una parte de la prensa" solo tiene como base "hilaciones y suposiciones" y que "la verdad vencerá esa nueva ola de calumnias y difamaciones".
Si bien esas sospechas contra Rousseff pueden dotar de municiones a los favorables a su destitución, el hecho de que se refieran a un supuesto delito electoral también causó preocupación en el entorno de Temer, cuya permanencia en el poder depende de la destitución de la mandataria.
Así como Rousseff enfrenta el proceso de destitución, también es blanco, junto a Temer, en su calidad de compañero de fórmula, de un proceso abierto en la justicia electoral por supuesta financiación irregular de la campaña de 2014.
Si el Tribunal Electoral hallara culpable a Rousseff, junto con ella sería condenado Temer y Brasil tendría que ir a unas nuevas elecciones, que, para muchos políticos, como el senador Cristovam Buarque, serían la mejor salida para la crisis del país.
