El Partido de los Trabajadores de Brasil presentó una denuncia ante la Organización de Estados Americanos (OEA) a raíz del proceso de juicio político que enfrenta la presidenta Dilma Rousseff y que la tiene al borde de la destitución definitiva.
Esta denuncia fue dada a conocer sólo horas después de que el pleno del Senado brasileño aprobara -por 59 votos a favor y 21 en contra, en una maratónica sesión- un informe que recomienda avanzar hacia la fase final de la destitución.
Los diputados petistas Paulo Pimenta y Paulo Teixeira explicaron que la demanda interpuesta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fue preparada por abogados brasileños y argentinos y exige la suspensión cautelar del proceso, que califican como "ilegal".
"Vamos a pelear en todas las esferas, sean parlamentarias, judiciales, en la calle o en el exterior para denunciar este golpe y para se restablezca en el país la normalidad democrática", dijo Pimienta, quien remarcó que Rousseff "no cometió ningún tipo de crimen".
Panorama poco auspicioso
La mandataria ha sido acusada de irregularidades presupuestarias, contratar créditos para el Gobierno con la banca pública y emitir decretos que alteraban los gastos sin la debida venia del Congreso, todo lo cual está vetado por las leyes brasileñas.
Aunque el informe aprobado por el Senado admite que ninguno de esos cargos tipifican un delito penal, sí configuran faltas administrativas graves, que según las leyes que controlan el gasto público y los presupuestos pueden llevar a la destitución de un mandatario.
Según ese documento, esas maniobras provocaron un "descontrol fiscal" que impactó directamente en la severa crisis que sufre la economía de Brasil, que en 2015 se contrajo un 3,8 por ciento y que, según todas las previsiones, caerá otros tres puntos este año.
Rousseff está suspendida desde el pasado 12 de mayo y fue sustituida por Michel Temer, quien hasta entonces ocupaba la vicepresidencia. Según apuntó el corresponsal de Cooperativa en Brasil, Patricio de la Barra, para los principales analistas políticos del país el destino de Rousseff ya está definido y, por lo observado en los casi 17 horas de discusión de la pasada jornada, difícilmente va a poder revertir el escenario.
En el marco de dicha sesión el abogado Miguel Reale Junior, uno de los impulsores del impeachement, aseveró que "Dilma Rousseff está siendo condenada por el conjunto de su obra"; palabras que respondió el defensor de la gobernante: "Quien aleja a una presidenta por el conjunto de su obra en el presidencialismo es el pueblo".
