La iniciativa impidió consensos en relación al cronograma de trabajo.
Recortar los plazos "afectará el derecho a la debida defensa", sostuvo abogado de la suspendida mandataria.
El asunto será planteado al presidente de la Corte Suprema, quien en principio tendrá la última palabra sobre este asunto.
Una propuesta para acelerar el juicio que puede llevar a la destitución a la presidenta suspendida de Brasil, Dilma Rousseff, causó polémica este jueves en la comisión responsable por el proceso e impidió consensos en relación al cronograma de trabajo.
La propuesta fue presentada por la senadora Simone Tebet, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que lidera el presidente interino del país, Michel Temer, y abre la posibilidad de que el juicio político contra Rousseff concluya a mediados de julio y no en los primeros días de agosto, como estaba planeado.
La moción fue aceptada por la clara mayoría de los 21 senadores de la comisión, que es favorable a la destitución de Rousseff, pero rechazada en forma airada por los partidarios de la mandataria, que fue suspendida de sus funciones el pasado 12 de mayo para responder al proceso.
En la sesión estaba presente el representante de Rousseff, José Eduardo Cardozo, quien alertó que recortar los plazos "afectará el derecho a la debida defensa", por lo que anunció que recurrirá ante el Tribunal Supremo, que comparte con la comisión del Senado todas las responsabilidades del juicio político.
La comisión se reunió este jueves para discutir las próximas fases del proceso y votar un calendario de trabajo, que según la propuesta del senador instructor, Antonio Anastasia, concluiría entre los días 1 y 2 de agosto, cuando el pleno del Senado sería convocado para la primera de dos sesiones en que se decidirá el destino de Rousseff.
Sin embargo, la proposición planteada por la senadora Tebet puede adelantar esa primera sesión para el 12 de julio, lo cual generó fuertes protestas de los parlamentarios afines a Rousseff.
Tras casi tres horas de discusiones, se acordó que el asunto será planteado al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lewandowski, quien en principio tendrá la última palabra sobre este asunto.
