"Busco, busqué y buscaré consensos capaces de superar toda crisis", pero "todo pacto siempre tiene condiciones", remarcó.
Frente a un encuentro de mujeres enfatizó que no existe "ninguna razón jurídica" que justifique el proceso abierto en su contra.
La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, planteó este jueves cinco puntos para un "gran pacto nacional" que permita al país superar su delicada crisis política y económica, pero aclaró que toda discusión deberá comenzar con el "respeto a los votos".
La mandataria, que está bajo amenaza de ser sometida a un juicio con miras a su destitución en el Congreso, propuso las bases de ese pacto durante una ceremonia celebrada en el Palacio presidencial de Planalto, en la que decenas de mujeres le expresaron su apoyo.
"Precisamos un pacto, un entendimiento nacional, porque este Gobierno es para todos los ciudadanos y, por tanto, la intolerancia y el odio no sirven", dijo en lo que fue bautizado como "Encuentro de Mujeres en Defensa de la Democracia".
"Tengo responsabilidad con el país, con la democracia, con el desarrollo, el crecimiento económico y inclusión social. Busco, busqué y buscaré consensos capaces de superar toda crisis", pero "todo pacto siempre tiene condiciones", aclaró.
Las condiciones de Rousseff
En primer lugar, citó el "respeto al voto", en alusión a los 54 millones de sufragios que la llevaron a la reelección en 2014.
También exigió que el Congreso deje de discutir "pautas que no le sirven al país", unidad política para la aprobación de reformas en favor de los más pobres, que se propicie la retomada del crecimiento económico y también que se "preserven los derechos conquistados por los trabajadores".
Como última "condición", señaló "una necesaria, imprescindible y urgente reforma política".
No obstante, subrayó que "la primera premisa debe ser la defensa de la voluntad popular manifestada por el voto" y garantizó que "ningún pacto puede ser discutido si no se respetan los votos".
Apuntó que "también deben ser respetados" los millones de brasileños que votaron por otros candidatos, "pero creyeron en las elecciones y creen en las reglas de la democracia".
Rousseff insistió en que no existe "ninguna razón jurídica" que justifique el proceso abierto en su contra, pese a que, la víspera, el instructor de una comisión parlamentaria que estudia el caso recomendó avanzar hacia el juicio político ya que identificó trazos de ilegalidad en la gestión del Gobierno.
Según la presidenta, "lo que está en juego en este momento es el respeto de las reglas democráticas", porque "intentar derrumbar a una presidenta electa que no ha cometido delitos es un insulto a todos los electores".
Sostuvo además que, en caso de que prospere el juicio político, "no será un gobernante electo el que será destituido, sino que será la propia democracia que quedará desmoralizada" ahora y a futuro.
"Es un golpe disimulado con un pretendido barniz de legalidad, pero es pura y simplemente un golpe", declaró Rousseff ovacionada por las decenas de activistas de organizaciones campesinas, sindicales y feministas que asistieron al acto.
