El expresidente brasileño Jair Bolsonaro respondió este miércoles a "todas" las preguntas de la Policía Federal sobre las joyas que recibió por parte de Arabia Saudí y que conservó tras dejar el poder sin estar autorizado para ello.
La declaración de Bolsonaro "transcurrió de manera absolutamente tranquila, habiendo respondido a todas las indagaciones hechas por la Policía Federal. Fue una muy buena oportunidad para aclarar los hechos", dijo en las redes sociales el exministro Fabio Wajngarten, un estrecho colaborador del exmandatario.
El interrogatorio duró cerca de tres horas en la sede la Policía Federal en Brasilia, donde Bolsonaro entró y salió en un automóvil, sin dejarse ver y sin dar declaraciones.
La Policía convocó a Bolsonaro para dar explicaciones sobre los tres paquetes de joyas que recibió como regalo por parte de las autoridades de Arabia Saudí a lo largo de su mandato (2019-2022), cuya existencia fue revelada por la prensa en las últimas semanas.
Bolsonaro se apropió de dos de esos conjuntos, valorados en 100.000 y 75.000 dólares respectivamente, que debería de haber entregado al Estado.
Un tercer conjunto de joyas, con valor calculado de 3,2 millones de dólares, fue confiscado en la aduana, en el aeropuerto internacional de Guarulhos, en Sao Paulo.
Ese paquete fue hallado en la mochila de un asesor que integraba la delegación de Bolsonaro, que trató de introducir las joyas en el país sin declararlas.
Los abogados del exmandatario, que aseguran que Bolsonaro no cometió ninguna ilegalidad, han depositado los dos paquetes de joyas que estaban en poder del líder de la extrema derecha en un banco público, a instancias del Tribunal de Cuentas.
El interrogatorio a Bolsonaro se produjo después de que regresara a Brasil el pasado jueves, tras haber permanecido tres meses en Estados Unidos.
Desde que dejó el poder el pasado 1 de enero, Bolsonaro está desaforado, por lo que puede responder en la Justicia común a los diversos casos en los que es investigado, por difundir información falsa y supuestos abusos económicos y de poder, entre otras causas.
En la Corte Suprema permanecen cinco procesos, uno de los cuales intenta determinar la autoría intelectual del asalto a las sedes de los tres poderes de la Nación, perpetrado el pasado 8 de enero por miles de bolsonaristas, para intentar forzar un golpe contra el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.