La Corte Suprema de Brasil informó que la Fiscalía General de Brasil tendrá un plazo de 90 días para investigar las irregularidades en las que puede haber incurrido el presidente Jair Bolsonaro en negociaciones para adquirir vacunas contra el Covid-19.
El plazo lo estableció la magistrada Rosa Weber, y deberá esclarecer si el mandatario cometió prevaricación y otros delitos en las negociaciones para la compra de la vacuna Covaxin, de la farmacéutica india Bharat Biotech.
Las sospechas del delito fueron alentadas por una comisión del Senado que tiene por objeto determinar si el gobierno es responsable del agravamiento de la pandemia, que ya mató a más de 520 mil brasileños.
Los parlamentarios aseguran tener pruebas de que el presidente ignoró informaciones sobre las irregularidades en el contrato de intención de compra, que fue suspendido solo cuando las sospechas fueron reveladas por la comisión y la prensa.
En el documento, que contemplaba 20 millones de dosis de Covaxin con un valor de 420 millones de dólares, había un acuerdo paralelo en que parte del pago debía ser recibido por una firma -que no figuraba en el contrato- basada en Singapur.
Además, el "intermediario" correspondía a un empresario brasileño investigado por corrupción que, en 2016, le "vendió" al Ministerio de Salud un lote de medicamentos que jamás entregó.
¿QUÉ PASARÁ CON BOLSONARO?
Si la Fiscalía encuentra pruebas contra el ultraderechista Bolsonaro, deberá presentar una denuncia ante la Corte Suprema que, en caso de acogerla, podrá iniciar un juicio con el aval de una mayoría de dos tercios de los 513 diputados.
En ese supuesto, el presidente sería suspendido de sus funciones durante los 180 días que tendría de plazo la Corte Suprema, para concluir el juicio y destituirlo si es declarado culpable.
Sin embargo, si la Cámara de Diputados no da la autorización, el caso quedaría en nada y Bolsonaro continuaría en el poder.
La sospecha sobre la responsabilidad del Gobierno en el avance de la pandemia ha encendido a la oposición brasileña. Esta semana volvieron a pedir que el Congreso inicie un juicio para la destitución del mandatario y convocaron a protestas en todo el país en apoyo a la demanda.
