El fiscal brasileño, Lucas Rocha Furtado, pidió al Tribunal de Cuentas investigar al presidente Jair Bolsonaro por una posible interferencia en la política de precios de la petrolera estatal Petrobras, en medio del alza sostenido de los combustibles.
El subprocurador Furtado consideró ante este tribunal, órgano que fiscaliza el Estado brasileño, que el Gobierno de Bolsonaro "pretende interferir" en las decisiones de Petrobras para "alterar indebidamente su política de precios" y solicitó esclarecer el asunto.
Furtado enumera en su escrito una serie de declaraciones del mandatario, quien en los últimos meses ha criticado la forma en que Petrobras fija el precio de los hidrocarburos en Brasil, que es de acuerdo con los precios internacionales.
Según el subprocurador, esas manifestaciones del jefe de Estado habrían provocado una caída del valor de las acciones de Petrobras, que es de control estatal, pero tiene títulos negociados en las bolsas de Nueva York, Sao Paulo y Madrid.
"No hay ninguna justificación técnica para que el accionista controlador venga a alterar unilateralmente la actual política de precios de la estatal de petróleo, bajo el exclusivo argumento de contener la elevación del precio de los combustibles", apuntó Furtado.
Asimismo, subrayó que la "actuación indebida" del Gobierno en la política de precios de Petrobras puede acarrear "posibles perjuicios a los cofres federales, una vez que los accionistas minoritarios pueden sentirse perjudicados y accionar judicialmente al Estado".
La semana pasada, Petrobras incrementó los precios de la gasolina cerca de un 19 por ciento y del diesel, casi un 25 por ciento, en línea con la fuerte subida del barril del crudo, impactado por la invasión militar rusa en Ucrania.
El valor de los combustibles ya venía elevándose en Brasil antes de la guerra en Ucrania y, de hecho, el año pasado subió en torno a un 50 por ciento.
Bolsonaro se ha quejado en diversas ocasiones de esas subidas y también del "beneficio absurdo" de Petrobras, que en 2021 alcanzó el récord de 19.875 millones de dólares, aunque al mismo tiempo descartó "interferir en el mercado".
Su Gobierno ha impulsado diversas iniciativas en el Congreso para estabilizar los precios, unificar algunos impuestos, rebajar otros y repartir subsidios entre los trabajadores más afectados, en especial los del sector transporte.
