Las fuerzas de seguridad recuperaron este domingo el control de las sedes del Congreso, la Presidencia y la Corte Suprema de Brasil, tras ser invadidos y vandalizados por cientos de seguidores radicales del exmandatario Jair Bolsonaro, en Brasilia.
Agentes antidisturbios cargaron contra los manifestantes golpistas con gases lacrimógenos y establecieron un perímetro alrededor de la plaza de los Tres Poderes, donde se encuentran los edificios que albergan los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Al menos 300 partidarios de Bolsonaro fueron detenidos, informaron fuentes oficiales.
"300 detenidos. Las investigaciones siguen hasta que el último integrante sea identificado", informó la Policía Civil de Brasilia, que en el anterior balance había informado de 170 arrestados en flagrante.
La institución señaló que los detenidos "están siendo identificados" y se les está tomando declaración dentro del proceso que "investiga todos los actos criminales ocurridos" en la tarde de este domingo en la capital brasileña.
Antes, el ministro de Justicia, Flávio Dino, avisó en una rueda de prensa que el número de detenidos por el intento de golpe de Estado contra Lula puede aumentar "en las próximas horas".
El ministro informó además de que decomisaron "40 autobuses" que llegaron a la capital brasileña en las últimas horas con cientos de bolsonaristas radicales y que identificaron a los "financiadores" que hicieron posible esos viajes desde distintos puntos del país.
Los hechos, condenados de forma unánime por la comunidad internacional, ocurrieron exactamente una semana después de Luiz Inácio Lula da Silva asumir la Presidencia de Brasil.
Fueron alrededor de cuatro horas y media durante las cuales los manifestantes bolsonaristas camparon con libertad por esas instalaciones, generando destrozos en el interior, mientras otras decenas rodeaban los edificios, algunos de ellos equipados con palos.
Ante los graves altercados, Lula, quien se encontraba de viaje en el interior de Sao Paulo para conocer los daños de las fuertes lluvias de los últimos días, decretó la intervención federal en el área de seguridad del Distrito Federal de Brasilia.
La medida, que estará vigente hasta el próximo 31 de enero, implica que las fuerzas de seguridad de Brasilia estarán bajo control directo del Gobierno federal.
El dirigente progresista también prometió en un pronunciamiento encontrar y castigar a los "vándalos fascistas" que "destrozaron todo lo que encontraron a su paso" en Brasilia e identificar a los posibles "financiadores" de esos actos antidemocráticos.
Poco antes del anuncio de Lula, el secretario de Seguridad de Brasilia, Anderson Torres, quien fue ministro de Justicia en el Gobierno de Bolsonaro, fue destituido de su cargo.
El Gobierno de Lula, a través de la Abogacía General del Estado, solicitó además al Supremo la prisión de Torres.
El episodio vivido hoy en Brasilia recordó a la invasión del Capitolio de Estados Unidos ocurrida el 6 de enero de 2021 por parte de simpatizantes del expresidente Donald Trump, quien guarda una relación de amistad con Bolsonaro.
El exmandatario brasileño se encuentra actualmente en Estados Unidos, adonde viajó dos días antes de la investidura de Lula sin billete de vuelta.
Por el momento, no se ha pronunciado sobre los graves incidentes ocurridos este domingo en Brasilia.