El ex presidente brasileño tiene plazo hasta el próximo martes para presentar un último recurso ante la Justicia.
Sin embargo, la gran mayoría de los magistrados acostumbra rechazar este tipo de recurso.
El ex presidente está imputado en otros seis procesos, en su mayoría por corrupción y vinculados al Lava Jato.
El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva tiene plazo hasta el próximo martes para presentar un último recurso ante la Justicia para intentar evitar su encarcelamiento por la pena de 12 años de prisión a que fue condenado por corrupción, informaron este jueves fuentes judiciales.
Tal opción es la última esperanza que le queda al ex jefe de Estado, el líder más emblemático de Brasil y líder de los sondeos de intención de voto para las elecciones presidenciales de octubre próximo, tras la derrota que sufrió la víspera en la Corte Suprema.
El Supremo Tribunal Federal rechazó -por cinco votos contra cuatro- un "habeas corpus" en el que la defensa solicitaba que el ex mandatario sólo sea llevado a prisión cuando no le queden más recursos ni en tercera ni en última instancia judicial.
La jurisprudencia brasileña determina que una persona cuya condena haya sido confirmada por un tribunal colegiado, como el ex presidente, tiene que comenzar a cumplir la pena cuando ya no le quede ningún recurso ante la segunda instancia.
Pese a que el Tribunal Federal Regional de la Cuarta Región con sede en Porto Alegre ya confirmó la condena de Lula, elevó su pena de ocho a 12 años de prisión y rechazó los primeros recursos contra tal decisión, el código de proceso penal prevé la posibilidad de que el condenado presente un último recurso para que algunas de esas decisiones sean mejor explicadas por los magistrados.
Y, según fuentes de ese tribunal consultadas por EFE, la defensa tan sólo tiene plazo hasta el martes para intentar esa última salida, conocida como el "embargo del embargo aclaratorio", y que, como no puede modificar la condena, tan sólo busca aclaraciones de una decisión judicial.
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— Cooperativa (@Cooperativa) 5 de abril de 2018
Sin embargo, la gran mayoría de los magistrados acostumbra rechazar este tipo de recurso por considerar que constituye una brecha que la defensa suele usar para intentar aplazar el cumplimiento de la pena.
Los magistrados tendrán que decidir primero si aceptarán analizar este último recurso y, en caso de que así sea, tendrán que marcar una sesión para pronunciarse sobre la petición, por lo que se prevé que el proceso se aplace al menos hasta finales de abril.
Tan sólo cuando los miembros del tribunal de segunda instancia se pronuncien sobre la última solicitud de la defensa, la decisión podrá ser comunicada al juez en primera instancia que determinó la condena, a quien corresponde expedir la orden de encarcelamiento.
Defensa hará todo a su alcance para evitar prisión "ilegal"
La defensa del Lula da Silva anunció Que adoptará todas las medidas posibles para evitar la anticipación de la ejecución de la pena, que considera ilegal, ante el inminente encarcelamiento del dirigente.
"La defensa adoptará todas las medidas legalmente previstas para evitar que la anticipación de la pena impuesta automáticamente por el tribunal sea ejecutada, porque es incompatible con la Constitución", según un comunicado divulgado este jueves por los abogados Valeska Teixeira Martins y Cristiano Zanin Martins.
Según sus abogados, el posible encarcelamiento también es incompatible con "el carácter ilegal de la decisión que condenó a Lula por el crimen de corrupción basada en 'actos indeterminados' y sin comprobación de que hubiese solicitado o recibido ventaja indebida (sobornos)".
De acuerdo con la defensa, la Constitución brasileña garantiza el derecho a la presunción de inocencia, por lo que, en su opinión, Lula no puede ser encarcelado hasta que no se agoten todos los recursos a que tiene derecho, incluso en tribunales de tercera y cuarta instancia.
Además de la condena que ya le fue impuesta, el ex presidente está imputado en otros seis procesos, en su mayoría por corrupción y vinculados al Lava Jato, por lo que puede sufrir nuevas condenas antes de las elecciones.
