La defensa de Luiz Inácio Lula da Silva, que cumple desde abril de 2018 una condena por corrupción, presentó este miércoles un nuevo recurso en el que pide la anulación de las dos penas que le fueron impuestas al ex presidente brasileño con base en una brecha jurídica abierta por la Corte Suprema.
Los abogados del ex mandatario alegaron en el nuevo recurso de hábeas corpus presentado ante la Corte Suprema que Lula sufrió las mismas restricciones a su derecho de defensa por las que el Supremo Tribunal Federal (STF) anuló el martes la condena que le había sido impuesta al ex presidente de Petrobras Aldemir Bendini, también condenado por corruptelas en la petrolera estatal.
Una de las salas de la máxima corte, en una decisión que sentó un precedente que puede beneficiar a varios de los condenados por corrupción recientemente en Brasil, anuló el martes la condena a 11 años de cárcel que le había sido impuesta a Bendini por su responsabilidad en desvíos de recursos de la petrolera.
Los magistrados de la segunda sala del Supremo, por 3 votos a favor y 1 contra, consideraron procedentes los alegatos de los abogados de Bendini, según los cuales su derecho a una amplia defensa fue restringido al ser obligado a prestar testimonio simultáneamente con los empresarios que lo implicaron en las corruptelas y que confesaron sus crímenes a cambio de beneficios judiciales.
De acuerdo con la mayoría de los magistrados, por tener derecho a la última palabra, el ex presidente de Petrobras sólo podía prestar testimonio después de sus acusadores para poder defenderse debidamente, por lo que decidieron anular su condena y pedir que se le inicie un nuevo juicio en primera instancia.
Esta fue la primera vez que la máxima corte de Brasil anuló una de las condenas del entonces juez federal Sergio Moro, actual ministro de Justicia en el gobierno del presidente Jair Bolsonaro y que fue el principal responsable por la Lava Jato, la mayor operación de combate a la corrupción en la historia del país.
Moro fue el juez que condenó inicialmente por corrupción y lavado de dinero a Lula, que cumple una pena de ocho años y diez meses de prisión en una celda especial en la sede de la Policía Federal en la sureña ciudad de Curitiba.
El entonces juez dio por probado que el ex presidente recibió como coima un apartamento de playa por haber favorecido una constructora en contratos con Petrobras.
La defensa de Lula alegó en el recurso presentado este miércoles que, así como le ocurrió a Bendini, Lula fue obligado a prestar testimonio en su proceso al mismo tiempo que los empresarios que lo acusaron de irregularidades.
Agregaron que el ex presidente sufrió tal restricción a su derecho de amplia defensa en los dos procesos en los que ya fue condenado por corrupción en primera instancia ya que tuvo que presentar sus alegatos finales al mismo tiempo que lo hicieron sus acusadores.
De acuerdo con la defensa del ex presidente, la legislación le garantiza al acusado el derecho a la última palabra.
El precedente abierto por la Corte Suprema fue blanco de críticas de los fiscales que participan en la Lava Jato que, en un comunicado, alertaron que "la nueva interpretación" podrá beneficiar a varios de los condenados por corrupción en Brasil.
"Si ese entendimiento es aplicado en los demás casos de la operación Lava Jato podrán ser anuladas prácticamente todas las condenas, con la consecuente prescripción de varios crímenes y la liberación de condenados y procesados", según la nota de los fiscales.
