El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Diego García-Sayán, afirmó que Brasil "más pronto o más tarde" deberá procesar a los agentes públicos responsables de crímenes de desaparición forzada durante la dictadura militar, según una entrevista publicada este domingo.
García-Sayán se refirió en el diario O Estado de Sao Paulo a la sentencia emitida en 2010 por la Corte en la que pide que el Estado brasileño castigue a los responsables de las violaciones de los Derechos Humanos de los integrantes de la guerrilla de Araguaia, que combatió a la dictadura (1964-1985) en la Amazonía.
"La Corte no recibió ninguna información de que la sentencia no será cumplida", afirmó el presidente.
Añadió que "el país debe ir tomando los pasos en algún momento. ¿Cuándo? No lo sé (...)".
Sobre la Comisión de la Verdad de Brasil, que investiga violaciones de derechos humanos, el también ex ministro de Justicia y de Exteriores de Perú, aseguró que es un órgano "que da a las víctimas algo de verdad, puede dar algo de reparación social, algo de políticas de salud y educación".
Preguntado sobre si una ley de amnistía "sirve para apagar el pasado", García-Sayán respondió que "es lógico que se busque pasar página por medio de una ley de amnistía para asegurar la estabilidad y transición. Esa es la racionalidad".
"Pero hay otros temas que llaman a la puerta y que están más allá de esos acuerdos", precisó.
El proceso contra el Estado brasileño en la Corte Interamericana por los delitos de desaparición forzada, tortura y ejecución sumaria de Julia Gomes Lund y otros integrantes de la guerrilla del Araguaia fue entablado por organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos y por familiares de las víctimas.
Al menos 62 de los casi 80 miembros de esa guerrilla, organizada por el entonces proscrito Partido Comunista de Brasil, murieron o desaparecieron en la Amazonía en combates con fuerzas del régimen militar entre 1972 y 1974.
Muchos de los guerrilleros desaparecidos murieron tras ser capturados y sus cuerpos nunca fueron hallados, en tanto que los responsables nunca fueron juzgados.
En 2011, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) subrayó su preocupación por la "falta de diligencia" del Estado brasileño en el cumplimiento de la condena emitida por CorteIDH.