Esa cifra corresponde a casi el 20 por ciento de la población penal del país.
Prisión preventiva sólo podrá ser aplicada en delitos con penas superiores a los cuatro años.
Unas 100.000 personas presas en Brasil podrán reclamar su libertad ante tribunales a partir de la próxima semana gracias a una nueva ley que altera las normas de la prisión preventiva, según cálculos que publica la prensa local.
Esa cifra corresponde a casi el 20 por ciento de la población penal del país, que es de 496.251 personas, de acuerdo a la última estadística difundida por el Ministerio de Justicia a inicios de este año.
Según esos datos, publicados por el diario Correio Braziliense, el 37 por ciento de esas personas detenidas aún no ha recibido una condena firme y se encuentra bajo el régimen de prisión preventiva, que será relajado por una ley que entrará en vigor el próximo lunes.
De acuerdo a la nueva legislación, la prisión preventiva sólo podrá ser aplicada en los casos de delitos para los cuales se prevén penas superiores a los cuatro años de reclusión, lo cual afectaría hoy a un universo de 100.000 presos, sostiene el periódico con base en las estadísticas oficiales.
Entre los muchos delitos que se castigan con menos de cuatro años están el hurto, el porte ilegal o el tráfico de armas, el secuestro, la corrupción de menores, el contrabando y el homicidio culposo.
Fuentes oficiales citadas por el periódico afirmaron que, además de corregir "injusticias" en relación a las demoras en los procesos penales, esa nueva ley permitirá reducir la superpoblación en los presidios, cuya capacidad está excedida en no menos de un 20 por ciento .
Para la mayoría de los magistrados, esas nuevas normas evitarán "muchos abusos", pero exigirán de las autoridades una fiscalización mayor para aquellas personas que conserven su libertad mientras son procesadas.
