El gobierno dijo que se "garantizaron plenamente los derechos legales de los criminales ejecutados antes de ejecutar la sentencia de muerte".
El tráfico de personas es un problema persistente en China agudizado por la antiguamente vigente política de hijo único.
China ejecutó este jueves a dos reos culpables de haber secuestrado y vendido a varios niños entre 2003 y 2005.
El Tribunal Popular Intermedio de Cantón (sur) condenó a muerte a Zhang Weiping y Zhou Rongping en diciembre de 2018, sentencia confirmada más adelante por el Tribunal Popular Superior de la provincia, que rechazó las apelaciones de los condenados, informó hoy la Agencia Xinhua.
Entre 2004 y 2005, Zhou Rongping participó en una conspiración con otras personas para secuestrar a un niño en su domicilio, que fue entregado por los captores a Zhang Weiping para su venta.
Por su parte, Zhang secuestró y vendió a ocho menores entre 2003 y 2005, declaró el tribunal.
El Tribunal Popular Intermedio aseguró que se "garantizaron plenamente los derechos legales de los criminales ejecutados antes de ejecutar la sentencia de muerte".
Las autoridades chinas no facilitan datos oficiales sobre el número de condenados a muerte, pero en su informe anual de 2022, la organización de defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional apuntó que "se cree que se llevaron a cabo miles de ejecuciones" en ese país.
El tráfico de personas es un problema persistente en China agudizado por la antiguamente vigente política de hijo único y por el desequilibrio entre sexos, que ha causado, según el Banco Mundial, que hubiese 42 millones de hombres más que mujeres en 2017, aunque en los últimos años tecnologías como el análisis de ADN y el reconocimiento facial han ayudado a resolver casos que llevaban años estancados.
La violencia contra mujeres y niñas es una violación grave de los derechos humanos y el derecho de las mujeres a vivir sin violencia está recogido en acuerdos internacionales. En el ámbito mundial, solo el 40 por ciento de las mujeres busca ayuda tras sufrir violencia, lo que obliga a las instituciones a promover políticas de prevención y ayuda.
