Amnistía Internacional (AI) lamenta que el gobierno chino no haya rendido todavía cuentas por sus crímenes de lesa humanidad cometidos contra la población uigur en Xianjiang, un año después de que la ONU emitiera una "demoledora" evaluación sobre los abusos.
AI subraya hoy que "el primer aniversario del demoledor informe de la ONU sobre Xinjiang constituye un severo recordatorio de la necesidad de que China rinda cuentas por crímenes de lesa humanidad en el contexto de una respuesta lamentablemente insuficiente de la comunidad internacional".
La organización recuerda que el 31 de agosto de 2022 la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) publicó una evaluación de la situación de los derechos humanos en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang.
Ese informe concluía que las violaciones de derechos por el gobierno chino contra la población uigur y otras minorías predominantemente musulmanas -incluidas la tortura y el encarcelamiento masivo en campos de internamiento- podrían "constituir crímenes de lesa humanidad".
Sarah Brooks, directora regional adjunta de AI para China, señala que "en lugar de actuar con urgencia conforme a las conclusiones del informe sobre la existencia de violaciones graves del derecho internacional en China, la comunidad internacional eludió el tipo de medidas resueltas necesarias para promover la justicia, la verdad y la reparación para las víctimas".
Recuerda que la evaluación de la OACNUDH sobre Xinjiang se publicó el último día del mandato de la anterior alta comisionada Michelle Bachelet y su publicación había sufrido un grave retraso.
Según esto, un borrador de carta a Bachelet filtrada por los medios, las autoridades chinas habían instado a la alta comisionada a "no publicar" el informe sobre la situación en Xinjiang.
AI también indica que el sucesor de Bachelet, Volker Turk, se comprometió en diciembre de 2022 a dialogar con las autoridades chinas sobre las graves violaciones de derechos humanos que se exponen en el informe aunque, según la nota de AI, su seguimiento público sigue sin subrayar la urgente necesidad de rendir cuentas por estas violaciones.
Brooks resalta que es necesario que funcionarios nacionales e internacionales "utilicen todos los medios a su alcance -tanto públicos como privados- para procurar cambios significativos en las políticas represivas de China".
AI considera que "el primer aniversario del informe de la OACNUDH debe ser una llamada a la acción para la comunidad internacional" para establecer un mecanismo internacional independiente para investigar los delitos en Xinjiang.
