Cuatro fabricantes de estos productos serán acusados de colusión en sus precios.
Sanciones pueden llegar al equivalente de 2.175 millones de pesos chilenos.
Las empresas acusadas representan el 96 por ciento del mercado en Colombia.
Algo no huele bien en el mundo de los pañales para bebé colombianos: después de meses de investigación la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia (SIC) decidió acusar a los principales fabricantes del país de conspirar para elevar artificialmente los precios de sus pañales desechables.
El escándalo involucra a los fabricantes de las marcas Winny, Huggies, Pequeñín y Baby Sec, las que concentran el 96 por ciento de un mercado local que mueve aproximadamente 300 millones de dólares cada año (173 mil millones de pesos chilenos).
Todo indica que fueron informaciones provenientes de la misma industria las que pusieron a la SIC sobre la pista de las supuestas prácticas anticompetitivas, las que se remontarían cuando menos al año 2000 y podrían estarse repitiendo en otros países del área.
Por el momento no todas los implicados aceptan las imputaciones, pero según la SIC al menos dos compañías ya reconocieron su participación en el denominado "cartel de los pañales" y aportaron abundantes pruebas del funcionamiento del mismo a cambio de una reducción de las posibles sanciones.
Y con estas pruebas en mano la entidad formuló un pliego de cargos en contra de Tecnoquímicas-Tecnosur, Colombiana Kimberly Colpapel, Productos Familia y Drypers Andina "por presuntas infracciones al régimen de libre competencia"; además de acusar a 44 personas vinculadas a dichas empresas como directivos o empleados.
"Subir los precios"
Según la SIC, representantes de las compañías acusadas se reunían de manera periódica para manipular artificialmente el mercado de los pañales desechables colombianos, acordando precios, la calidad de los productos y hasta sus mecanismos de comercialización, privando así a los consumidores de las ventajas del libre mercado.
Se estima que esto se tradujo en sobrecostos de entre el 10 por ciento y el 15 por ciento, pues el aumento artificial de precios parecía ser la principal motivación del "cartel de los pañales".
"En todas las reuniones a las que asistí, existió siempre una llamada previa entre los presidentes (de las compañías) (...). El tema era muy claro, subir precios vía lista de precios y reducción de ofertas", dice, por ejemplo, una de las declaraciones en poder de la SIC que han sido compartidas con la prensa.
"De verdad necesitamos que todos nos esforcemos un poco por subir los precios y no dejarnos más manejar por el cliente", se lee por su parte en uno de los 700 correos electrónicos actualmente en poder de los investigadores, que también cuentan con 30 testimonios así como pruebas sobre más de 20 reuniones celebradas tanto en Colombia como en el extranjero.
Y en el material probatorio hay abundante evidencia que sugiere que acuerdos similares también se intentaron poner en marcha en países como Venezuela, Ecuador y Panamá, donde operan varias de las empresas imputadas.
Sanciones millonarias
Por lo pronto, de confirmarse las acusaciones las compañías culpables se exponen a multas de hasta 37,7 millones de dólares (2.175 millones de pesos) por cada infracción cometida en Colombia, mientras que en el caso de las personas naturales estas puede llegar hasta un máximo de 650.000 dólares (375 millones de pesos).
Aunque las dos empresas que están colaborando con la investigación se beneficiarán de un tratamiento especial: una recibirá la exoneración total de las posibles sanciones y la otra una exoneración parcial (de hasta el 50 por ciento), pues esto está permitido por la legislación colombiana.
Según la SIC, el denominado "mecanismo de delación", en virtud de los cuales las empresas reconocen su participación en un cartel y aportan pruebas del mismo a cambio de la exoneración de la multa a imponer, es el mecanismo más efectivo que tienen las autoridades de competencia en el mundo para descubrir carteles empresariales y está vigente en Colombia desde 2009.
Pero el del "cartel de los pañales" es el primer caso en el que dicho mecanismo ha sido empleado con buenos resultados, si bien el nombre de las empresas que se acogieron al mismo se mantendrá en reserva hasta que concluya el caso.
Las compañías implicadas, por su parte, hasta el momento han preferido mantenerse fundamentalmente en silencio, con la excepción de un par de escuetos comunicados.
"Kimberly Clark es una compañía con los más estrictos estándares éticos y de respeto a ley colombiana, por lo que reafirmamos nuestro apoyo, colaboración y acatamiento al proceso que ha anunciado (...) la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)", dijo la empresa que está detrás de los pañales Huggies en una breve comunicación que fue compartida con BBC Mundo.
"Como defensores de los principios y deberes de la libre competencia, tenemos la certeza de que nuestras actuaciones han estado siempre apegadas a la Ley y han propendido en todo momento al bienestar del consumidor, al que hemos ofrecido productos de la más alta calidad, innovadores, a precios competitivos", aseguró por su parte Tecnoquímicas S.A., la empresa detrás de Tecnosur y la marca Winny, que tiene una penetración del 41 por ciento del mercado.
"Los cambios de precio de nuestros pañales han estado sistemáticamente por debajo de la inflación, lo que significó una reducción en términos reales en su precio al consumidor de más del 30 por ciento en los últimos 10 años", se lee además en el comunicado de la empresa, que también recalcó que durante el período investigado por la SIC compartía la propiedad de Tecnosur S.A.S. con Kimberly a partes iguales.
Sin comentarios
Este lunes BBC Mundo intentó obtener más detalles acerca de la posición de ambas empresas, pero sus departamentos de comunicación corporativa nos remitieron a los comunicados. También se buscaron comentarios por parte de las otras compañías mencionadas, pero sin éxito.
"Por el momento no hay ninguna posición oficial, ni se están haciendo comentarios a la prensa", explicó una consultora de comunicación estratégica de una de las empresas en cuestión, bajo condición de anonimato.
Pero, en medio del silencio, el escándalo del cartel de los pañales sólo ha ido aumentando, con los medios colombianos ofreciendo cada vez más detalles de turbios acuerdos empresariales.
Y, según el diario local El Tiempo, la cosa podría ser incluso más grave.
Por un lado, porque si se prueba que al menos dos de las firmas del cartel, o agencias ligadas a ellas, participaron en licitaciones o subastas públicas para proveer pañales, el caso pasaría a manos de la Fiscalía.
En cualquier caso, la decisión de la SIC parece indicar una nueva disposición de las autoridades colombianas para aplicar con más vigor las normas que buscan proteger la libre competencia para así salvaguardar los intereses del público consumidor.
