Se le imputa haber sobornado a un exparamilitar para que declarara en contra de un senador de izquierda.
Arriesga una pena de entre seis y 12 años de cárcel.
El exgobernante colombiano (2002-2010) solicitó en dos ocasiones el sobreseimiento, pero sin éxito.
La Fiscalía de Colombia acusó formalmente este viernes al expresidente Álvaro Uribe por los delitos de soborno, fraude procesal y soborno en actuación penal.
Los cargos contra el exmandatario -que gobernó entre 2002 y 2010- fueron aceptados por la jueza Sandra Liliana Heredia, que dictaminó que "a partir de este momento (Uribe) adquiere la condición de acusado".
De ser hallado culpable, el hoy líder del partido político Centro Democrático arriesga una pena de entre 6 y 12 años de cárcel.
Este hito se produce después de que la magistrada denegara la petición de nulidad del proceso, por considerarla "absolutamente improcedente".
Heredia aceptó como víctimas del caso al senador izquierdista Iván Cepeda y a los exfiscales generales Jorge Perdomo y Eduardo Montealegre, así como a Deyanira Gómez, exesposa del paramilitar Juan Guillermo Monsalve, involucrado en el caso.
Estas dos decisiones fueron aplaudidas por el abogado de Cepeda, Reinaldo Villalba, quien aseguró que "son decisiones que reconocen no solamente la condición de las víctimas, sino la necesidad de que tengan acceso a la justicia y ahí defiendan y reclamen sus derechos".
El fiscal que lleva el caso, Gilberto Villarreal, acusó a Uribe como "determinador del concurso homogéneo sucesivo de tres delitos de soborno en actuación penal", cargo que pesa sobre quien, por "provecho suyo o de un tercero, entregue o prometa una utilidad a persona que fue testigo de un hecho delictivo para que se abstenga a concurrir a declarar o para que falte a la verdad total o parcialmente".
Igualmente, lo acusó por "concurso homogéneo sucesivo de dos curules de fraude procesal": imputación a quien, "por cualquier medio fraudulento induzca en error a un servidor público para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley".
También lo apuntó como "determinador del delito de soborno", porque -supuestamente- entregó o prometió "dinero u otra utilidad a un testigo para que falte a la verdad o la calle total o parcialmente en su testimonio".
La larga querella se remonta al año 2012, cuando Uribe, que era senador, demandó por supuesta manipulación de testigos a Iván Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en el Congreso en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo.
Contrario a lo esperado por Uribe, la Corte Suprema de Justicia no abrió investigación contra el congresista de izquierda y, en cambio, le inició un proceso al exmandatario por manipulación de testigos.
La acusación por soborno tiene que ver con el presunto pago de coimas a Carlos Enrique Vélez y Juan Guillermo Monsalve, quienes están presos en las cárceles de Palmira y La Picota, en Bogotá.
Monsalve, un exparamilitar, aseguró que hubo toda una estrategia para aproximarse a él y convencerlo de declarar contra Cepeda.
El expresidente lleva años insistiendo en que se trata de un caso que tiene motivaciones políticas y carece de pruebas.
Uribe renunció en agosto de 2020 a su escaño de senador para dejar de estar aforado, y que su caso pasara a la justicia ordinaria. Entonces la Fiscalía decidió que no había pruebas para perseguirlo judicialmente.
Por ello, solicitó en dos ocasiones la preclusión del caso, que fue negada tanto por los juzgados de primera instancia como por el Tribunal Superior de Bogotá.
El fiscal Villarreal asumió el caso el 16 de enero pasado, y el 9 de abril afirmó que a partir de las evidencias físicas y elementos probatorios determinó que había motivos para acusar a Uribe, que fueron las conclusiones de los jueces al negar la preclusión.
