El Gobierno y el Estado Mayor Central firmaron un acuerdo donde además se comprometen a instalar una mesa de diálogo.
"No se trata solamente de silenciar fusiles, se trata de poner en marcha transformaciones efectivas", afirmó el Gobierno de Petro.
En un ambiente tenso y bajo un ardiente sol, el Gobierno colombiano y el Estado Mayor Central (EMC), principal disidencia de las antiguas FARC, firmaron en el municipio de Tibú un cese al fuego bilateral de tres meses y dieron inicio a la mesa de diálogos con la que el país pretende dar pasos hacia la "paz total".
El acto tuvo lugar en el Club El Barquito de este municipio de la convulsa región del Catatumbo, una muestra de que el objetivo de las partes es tratar de beneficiar a las comunidades más afectadas por el conflicto armado.
En la ceremonia, a la que asistieron tres ministras, representantes de la sociedad civil y miembros de la comunidad internacional, fue firmado el decreto que oficializa el cese al fuego que estará vigente entre este 17 de octubre y el 15 de enero de 2024 y que es susceptible de ser prorrogado.
El alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, aseguró que el Gobierno y el EMC, liderado por alias "Iván Mordisco", están caminando firmemente y seguros hacia la paz. La otra gran disidencia es la Segunda Marquetalia, que no tiene negociaciones con el Gobierno.
"Hace ocho días anunciamos acá, en esta misma población, el inicio de una terminación de la guerra y hoy suscribimos delante de ustedes, como representantes del pueblo, de la Iglesia católica, de las iglesias y de la comunidad internacional unos compromisos concretos, precisos y específicos que nunca se habían suscrito en desarrollo de ningún proceso de paz, un acuerdo especial de protección de la población civil y de cese de fuego", indicó.
Rueda agregó que tienen un tiempo corto, de tres meses, en el que se pondrán a prueba para hacer creíble esta construcción de paz.
"Valoramos la voluntad del Estado Mayor Central en la propuesta de construcción de este acuerdo especial de protección a los civiles y el cese al fuego por tres meses que va a propiciar la libertad de expresión y de asociación, el diálogo incluyente sin excepción alguna con todos los habitantes de los territorios, agregó.
El funcionario insistió en que los protocolos suscritos son inéditos y nunca habían sido construidos en los procesos de paz que se han llevado a cabo en el país.
"Damos fe con la delegación del Gobierno de la disposición del Estado Mayor Central de las FARC a construirlos (los protocolos) con seriedad. Aplicar hoy el DIH (Derecho Internacional Humanitario) nos abrirá la posibilidad de las transformaciones territoriales", precisó Rueda.
El vocero del EMC, Andrey Avendaño, llegó puntual al acto y de manera tranquila y serena aseguró que la delegación está haciendo todos los esfuerzos por avanzar en la instalación de la mesa y abordar temas humanitarios en las regiones afectadas por el conflicto armado.
Avendaño, que ingresó a las antiguas FARC cuando tenía 12 años, presentó al equipo negociador del EMC, cuyos miembros que fueron delegados por la "organización para interlocutar con la delegación del Gobierno y para buscar salidas oportunas y viables para el conjunto de la sociedad colombiana".
Negociar la paz, agregó, es "una de las apuestas" que siempre ha tenido ese grupo: "las soluciones a los problemas las tenemos que encontrar es hablando".
"Creo que lo más importante para resolver cualquier conflicto es sentarnos a dialogar, es poner nuestras diferencias en la mesa y desde allí tratar entre todos de buscar una solución a esos problemas", agregó Avendaño.
Luego del retraso del acto por tres horas, mientras el decreto de cese al fuego era avalado por el presidente colombiano, Gustavo Petro, el documento fue firmado por los negociadores con el objetivo de frenar las operaciones militares y respetar la vida de los civiles.
"Estamos seguros que con los logros en este período tendremos condiciones para que el año 2024 sea un salto adelante en la construcción de la paz y en la búsqueda de una solución definitiva (al conflicto armado)", aseguró el coordinador de la delegación del Gobierno, Camilo González Posso.
"No se trata solamente de silenciar fusiles, se trata de poner en marcha transformaciones efectivas que hagan creíbles la paz como justicia social y justicia ambiental y democracia en estos tiempos", añadió.
Con lo firmado hoy, recalcó González, Colombia sigue dando pasos hacia la ambiciosa política de "paz total" del Gobierno de Petro, quien pretende negociar la paz o el sometimiento con los mayores grupos armados cuya violencia afecta a miles de personas de todos los rincones del país.
