El mandato legal marca un giro en la política antidroga, considerada fallida por el presidente Santos.
Los adictos tendrán el derecho a recibir una "atención integral por parte del Estado".
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, firmó una ley que reconoce la adicción a sustancias psicoactivas como un asunto de salud pública, lo que supone un giro en la política antidrogas que veía el tema como un problema de orden público.
El Pre
sidente rubricó la Ley 1566, que según resaltó en su cuenta de Twitter el senador Juan Manuel Galán del Partido Liberal (PL), "reconoce la enfermedad y garantiza el tratamiento integral".
"Reconózcase que el consumo, abuso y adicción a sustancias psicoactivas, lícitas o ilícitas es un asunto de salud pública y bienestar de la familia, la comunidad y los individuos", reza el primer párrafo del documento.
El texto añade que los drogadictos deben ser tratados como enfermos y tienen derecho a pedir de manera voluntaria una "atención integral por parte del Estado", que queda incluida en el Plan Obligatorio de Salud (POS) y no supondrá recobro alguno por parte de las llamadas Empresas Prestadoras de Salud (EPS). Hasta ahora, los adictos sólo podían obtener ayuda, tanto enfocada hacia la rehabilitación como para su tratamiento terapéutico, a través de acciones de tutela.
Con esta ley, el Estado tiene también la obligación de formar médicos especializados para atender la salud mental de los adictos a las drogas, al tiempo que también deberá acondicionar los centros de salud donde se presten estos servicios. La prevención cuenta también con un papel primordial y queda en manos del Gobierno incluirla en sus políticas de salud.
Durante un primer periodo se empezará a aplicar entre menores de edad, identificados como la población más vulnerable, e irá ampliando su cobertura a todos los adictos de Colombia, los que van en aumento según los últimos informes del Gobierno.
La política antidroga de Colombia, uno de los países más afectados por los problemas derivados de la producción y tráfico de estupefacientes, ha sido abordada durante décadas desde el sector de Defensa, con la persecución a los narcotraficantes y la destrucción de cultivos y laboratorios. Sin embargo, el presidente Santos ha manifestado en varias ocasiones su apertura a un debate para estudiar nuevas alternativas a esta estrategia que ha considerado fallida.
