El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Rodrigo Londoño, conocido como Timoleon Jiménez, alias "Timochenko", sostuvieron una reunión en La Habana durante la tarde de este miércoles para plantear un acuerdo de "Justicia Transicional", en el contexto de las negociaciones de paz que llevan adelante.
Tras una extensa reunión en la que también participó el presidente de Cuba, Raúl Castro, Santos y "Timochenko" acordaron la creación de una jurisdicción especial para la paz, que contará con salas de justicia y con un Tribunal para la Paz.
El objetivo de esta organismo será "acabar con la impunidad, obtener verdad, contribuir a la reparación de las víctimas y juzgar e imponer sanciones a los responsables de los graves delitos cometidos durante el conflicto armado, particularmente los más graves y representativos, garantizando la no repetición".
Además se estableció que una vez finalizadas las hostilidades, el Estado colombiano "otorgará la amnistía más amplia posible por delitos políticos y conexos" y que se establecerá por medio de una ley de amnistía.
De todos modos, en el acuerdo se estableció que "no serán objeto de amnistía o indulto las conductas tipificadas en la legislación nacional que se correspondan con los delitos de lesa humanidad, el genocidio y los graves crímenes de guerra, entre otros delitos graves como la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y la violencia sexual", delitos que serán investigados y juzgados por la Jurisdicción Especial para la Paz.
"Las sanciones que imponga el Tribunal tendrán como finalidad esencial satisfacer los derechos de las víctimas y consolidar la paz y deberán tener la mayor función restaurativa y reparadora del daño causado", se añade en el pacto, que además precisa que quienes reconozcan la culpa se les impondrá un componente de restricción de libertad.
A continuación se detalla que aquellas condenas destinadas a delitos reconocidos como más graves, se extenderán a entre cinco y ocho años en condiciones especiales de restricción, mientras que aquellos que se nieguen a reconocer sus faltas y sean encontrados culpables, pueden enfrentar penas de hasta 20 años en condiciones ordinarias.
De todas maneras se estableció que, para que los guerrilleros puedan beneficiarse de estas condiciones judiciales especiales, deben dejar las armas dentro de los 60 días siguientes a la firma del acuerdo de paz.
Seis meses para un acuerdo final
Tras la firma del pacto, el mandatario colombiano se mostró satiosfecho de "anunciarle a mis compatriotas, a los colombianos, al mundo entero, pero en especial a las victimas, que hemos logrado un acuerdo sobre las bases de un sistema de justicia que me permite decir, con convicción, que vamos a lograr el máximo de justicia posible para las víctimas".
"Hemos acordado que a más tardar en seis meses debe concluir esta negociación y firmarse el acuerdo final", destacó el jefe de Estado, tras lo cual apuntó a que "es el fin de la guerra más larga de nuestro continente. Un acuerdo que debe sentar las bases de una paz estable y duradera".
Finalmente Juan Manuel Santos agradeció a las FARC por el paso que han dado. "Somos adversarios. Estamos en orillas diferentes. Pero hoy avanzamos en la misma dirección", recalcó.
Por su parte el líder guerrillero Timoleon Jiménez apuntó a que "nos complace anunciar que esta jurisdicción especial para la paz ha sido diseñada para todos los involucrados en el conflicto: combatientes, y no combatientes; y no sólo para una de las partes, desde una perspectiva fundamentalmente restaurativa".
