La muerte de Javier Ordóñez, un hombre de 46 años que fue sometido con brutalidad y el uso excesivo de una pistola eléctrica Táser por dos policías en Bogotá, desató este miércoles violentas protestas en Colombia.
A través de un video se puede ver como el hombre es inmovilizado por dos agentes en Bogotá, quien posteriormente falleció en un hospital, lo que provocó la indignación entre los ciudadanos, que protestaron frente a los distintos Comandos de Acción Inmediata (CAI) de la Policía.
Los enfrentamientos entre los uniformados y los manifestantes se han extendido a otras ciudades como Cali y Medellín, con quema de vehículos policiales, mobiliario público, buses, entre otros.
En tanto, la cifra de muertos durante las manifestaciones subió a ocho, seis de ellos jóvenes entre 17 y 27 años de edad, residentes en Bogotá, y otros dos en Soacha (sur), todos producto de disparos con arma de fuego.
Además, hubo 58 heridos por disparos y las autoridades de Bogotá señalaron que tienen pruebas del uso indiscriminado de armas de fuego por parte de la Policía.
Las manifestaciones se extendieron por las principales ciudades de Colombia.
"Esto es lo equivalente a un combate. Uno no tiene 58 heridos en una noche por trifulcas, sino por el uso indiscriminado de armas de fuego por parte de miembros de la Policía Nacional", dijo la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.
Duque: "Quiero hacer un llamado a la calma"
El presidente colombiano, Iván Duque, hizo "un llamado a la calma y a la serenidad, pero al mismo tiempo a la confianza en las instituciones independientes de nuestro Estado de derecho para que sean las autoridades (...) las que establezcan estas circunstancias".
Agregó que espera que "no sean las voces que llaman a la confrontación, a la desesperanza, a la rabia, las que conduzcan el pueblo colombiano" y expresó sus condolencias a la familia de la víctima. "Estos hechos se van a investigar con total rigor y prontitud", detalló.
En tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó "enfáticamente los casos de brutalidad y abuso policial", y señalaron que "el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad del Estado debe seguir los principios de legalidad, necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, poniendo en el centro la protección de los derechos de todas las personas".
