Entre 2009 y 2010 se incrementó en un 58 por ciento el número de casos.
Desde 2001, 887 personas han sido víctimas de las autoridades por esta vía.
Colombia registró un incremento "preocupante" de ejecuciones extrajudiciales en el año 2010, con 12 casos y 23 víctimas frente a los siete casos y 16 víctimas del año anterior, según un informe del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) difundido el sábado.
Este tipo de violaciones a los derechos humanos "continúa presentándose en el país por más que la magnitud de casos no sea tan significativa como lo fue en los años más críticos de los 'falsos positivos' (2006-2008)", advirtió el Cinep, una ONG de la Compañía de Jesús.
En Colombia se conoce como "falsos positivos" al asesinato de civiles por parte de militares, que los presentan como guerrilleros muertos en combate para obtener ascensos y beneficios.
El incremento entre 2009 y el año pasado fue del 58,3 por ciento en el número de casos y de 69,5 por ciento en el de víctimas, detalló el informe titulado "Falsos positivos 2010: Clamor por la verdad y la justicia".
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| El país cafetero conoce desde 2008 un escándalo por el asesinato de campesinos después presentados como guerrilleros. |
El acumulado de ejecuciones entre 2001 y 2010 asciende a 562 casos y 887 víctimas, según el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del Cinep, que identificó "nuevas modalidades" en las ejecuciones extrajudiciales: en algunos casos los responsables "ya no presentan a las víctimas como miembros de grupos guerrilleros, sino como personas asociadas a la delincuencia común", y en otros se atribuyen a "errores de operación por parte de la Fuerza Pública".
El escándalo de los "falsos positivos" salió a la luz en Colombia en 2008 a raíz del llamado "caso Soacha", que investiga la desaparición y posterior asesinato de unos 20 jóvenes de esa localidad aledaña a Bogotá que fueron presentados como guerrilleros muertos en combate.
El "caso Soacha" se produjo cuando era ministro de Defensa el ahora presidente Juan Manuel Santos y, pese a que entonces se tomaron medidas para evitar las ejecuciones extrajudiciales y castigar a sus responsables, "el control de estos abusos no parece haber sido total", concluyó el Cinep.
