La Policía de Ecuador anunció este domingo que Brigitte García, alcaldesa de la ciudad costera de San Vicente, en la provincia de Manabí, fue asesinada, en un momento en que rige un estado de excepción decretado por el Gobierno para frenar la espiral de violencia que se registró a principios de año.
"Esta madrugada en el sector San Vicente, Manabí, se identificó en el interior de un vehículo dos personas sin signos vitales, con heridas por impacto de arma de fuego, que corresponden a Jairo L. y Brigitte G. (alcaldesa del cantón San Vicente)", informó la Policía a través de su cuenta de la red X.
Añadió que unidades especializadas de la institución realizan al momento investigaciones para "establecer la modalidad y móvil del hecho".
Según informaciones de medios digitales, la otra persona encontrada sin vida corresponde a Jairo Loor, director de Comunicación del Municipio de San Vicente.
Brigitte García, de 27 años, era considerada la alcaldesa más joven del país y militaba en el movimiento Revolución Ciudadana, que lidera el expresidente Rafael Correa (2007-2017).
"Estoy destrozado. No lo puedo creer", escribió el propio Correa en su cuenta de X al conocer la noticia y recalcó: "¡Dios mío!!Brigitte¡ Era la alcaldes más joven de la Patria".
"¡Ya basta!", exclamó el exmandatario que reside en Bélgica y señaló: "Si para uno es tan duro, imagino cómo deben estar sus familias... No tengo palabras".
NUEVO ASESINATO CONTRA UNA AUTORIDAD
El asesinato de García se dio menos de dos meses después del asesinato a tiros de Diana Carnero, concejal del municipio costero de Naranjal, en la provincia de Guayas, ocurrido el pasado 7 de febrero, y también en medio del estado de excepción.
Carnero, de 29 años, fue acribillada por sicarios en plena vía pública en Naranjal, un municipio cercano a la ciudad portuaria de Guayaquil.
El asesinato de Carnero, que era también militante correísta, se sumó a una larga lista de autoridades que han sido víctimas de sicarios en los últimos meses en Ecuador, incluidos fiscales, jueces y políticos como el alcalde de Manta, Agustín Intriago, y el político y excandidato presidencial Fernando Villavicencio.
El presidente Daniel Noboa declaró a principios de enero, cuando no llevaba ni dos meses en el poder, un estado de excepción y decretó una situación de conflicto armado interno para intentar frenar la espiral de violencia en las cárceles y en las calles a escala nacional, atribuida a grupos del crimen organizado.
Al declarar el "conflicto armado interno", el Gobierno identificó a al menos 22 grupos del crimen organizado transnacional y los ubicó "como organizaciones terroristas" y "actores no estatales beligerantes".
GOBIERNO REPUDIA EL CRIMEN
En un comunicado conjunto los Ministerios de Gobierno (Política) y del Interior de Ecuador señalaron que "repudian y condenan la acción criminal" y expresaron "nuestro sentido pesar de todo corazón, nos solidarizamos con sus familiares y reafirmamos nuestro compromiso a usar toda la fuerza del Estado para no dejar estos crímenes en la impunidad".
Asimismo, indicaron que, pese a estas acciones criminales, el gobierno ratifica que no bajará la guardia en la "lucha contra el terrorismo, el crimen organizado y la corrupción política".
"Además, reforzaremos nuestros controles de orden público hasta lograr la seguridad y la paz en beneficio de los ecuatorianos", se añadió en el escrito.
ESPIRAL DE VIOLENCIA
La espiral de violencia se desató justo después de que el presidente Noboa anunciara su decisión de poner en marcha su 'Plan Fénix', con el objetivo de recuperar el control de las prisiones, muchas de ellas dominadas por grupos de delincuentes, cuyas rivalidades ha dejado más de 450 presos asesinados desde 2020 en una serie de masacres carcelarias.
Esa violencia también se trasladó a las calles hasta convertir a Ecuador en uno de los países más violentos, con 45 homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes en 2023.
El crimen de García también se dio en un momento en que el país está abocado a un proceso de votación para una consulta popular y referéndum que tendrá lugar el próximo 21 de abril.
Entre los asuntos que se votarán en esa consulta se incluyen preguntas sobre la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía contra el crimen organizado, permitir la extradición de ecuatorianos, instaurar juzgados en materia constitucional, reconocer los arbitrajes internacionales y flexibilizar el mercado laboral con contratos temporales y por horas.
