La Corte Constitucional de Ecuador dio luz verde para que la Asamblea Nacional (Parlamento) lleve adelante un juicio político de censura contra el presidente del país, Guillermo Lasso, a quien la oposición acusa de malversación de fondos públicos.
Con seis votos de los nueve jueces que integran el máximo organismo de control constitucional del país, la Corte presentó un informe favorable de "admisibilidad" al juicio político que tramita el Congreso en contra del jefe de Estado.
Si bien autorizaron esta moción, no admitieron la causal de "concusión" (corrupción), delito por el cual el mandatario también era acusado por la oposición.
"En el análisis del procedimiento se encontró que, la solicitud presentada y el trámite seguido hasta aquí en la Asamblea Nacional, se han respetado los principios de legitimidad política y del debido proceso", precisó la Corte en su fallo.
El alto tribunal dejó sentada también una "falta de prolijidad en la activación" de la figura del juicio político, lo cual, no obstante, no influye en el fallo.
"Esta Corte exhorta a las instituciones involucradas en el juicio político a actuar siempre dentro de los cánones previstos en la Constitución y el Estado de Derecho", agregó.
Con este fallo, el trámite continuará en la Asamblea legislativa, que enviará el informe a la Comisión de Fiscalización y Control Político, que deberá elaborar un informe para que sea discutido por el pleno del Parlamento.
EL QUÓRUM REQUERIDO PARA LA CENSURA
La censura al jefe de Estado sólo podrá aplicarse si la Asamblea, integrada por 137 legisladores, obtiene la mayoría calificada de un mínimo de 92 votos, equivalentes a dos tercios de la cámara, y de no obtenerlos, el proceso se archivará.
Además, la acción legislativa puede incluir un pedido para que la Fiscalía y otros organismos de control del Estado investiguen las denuncias contra el mandatario, y se incluyan en una eventual instrucción del Ministerio Público.
El fallo de la Corte Constitucional se dio en el plazo establecido por la normativa y luego que el pasado lunes volviera a sortear entre sus integrantes al juez ponente del caso, ya que una primera propuesta de fallo no alcanzó los seis votos requeridos.
En junio de 2022, Lasso ya salvó una situación similar por pocos votos, cuando en medio de las protestas lideradas por el movimiento indígena contra la política económica de su gobierno y la carestía de la vida, la oposición planteó una moción de destitución presidencial que no prosperó.
LA CORTE NO VALIDA LOS ARGUMENTOS DEL JUICIO, SEGÚN EL GOBIERNO
A Lasso la oposición lo acusa de ser el supuesto responsable político de una presunta trama de corrupción en empresas públicas, en la que aparece su cuñado, el empresario Danilo Carrera.
Los opositores sostienen incluso que desde su cargo de presidente supuestamente protegió a algunos integrantes de ese presunto entramado, al aseverar que influyó en que se archivase una investigación de la policía antidrogas sobre presuntos nexos del empresario Daniel Chérres con una red de narcotráfico.
Sin embargo, Lasso ha negado enfáticamente y ha acusado a la oposición de urdir un "golpe de Estado parlamentario" en su contra.
Conocido el fallo, la Presidencia indicó que "a pesar de que no coincidamos con la decisión de la Corte Constitucional, respetamos el dictamen de admisibilidad", al tiempo que afirmó que "de ninguna manera valida los argumentos planteados por la legislatura en contra del Presidente".
"El planteamiento de la Asamblea nunca tuvo ni tendrá sustento jurídico, ni político alguno. Como es de conocimiento público, el documento ha sufrido varios cambios y ha contado con innumerables errores (...) las inconsistencias en los argumentos de este juicio no acabarán con nuestra visión de servir a cada uno de ustedes ecuatorianos", añadió el gobierno en un comunicado.
