El enfrentamiento entre dos de las bandas rivales que se disputan el control interno de las cárceles ecuatorianas comenzó desde la noche del sábado en la Penitenciaría.
Los presos contaban con un amplio arsenal de armas blancas y de fuego, desde machetes a fusiles de asalto.
La violencia en las cárceles de Ecuador volvió a golpear con crudeza este martes al país, tras conocerse que la última masacre ocurrida en la Penitenciaría del Litoral, su prisión más grande y poblada, dejó al menos 31 presos asesinados y 14 heridos, a la vez que en 13 prisiones los reclusos hacían huelga de hambre y retenían a 137 guardias en seis de ellas.
El enfrentamiento entre dos de las bandas rivales que se disputan el control interno de las cárceles ecuatorianas comenzó desde la noche del sábado en la Penitenciaría, situada en Guayaquil, y se prolongó durante tres días con disparos y explosiones hasta que este martes un contingente de unos 2.700 policías militares ingresó a la prisión.
La Policía y las Fuerzas Armadas entraron después de que el presidente, Guillermo Lasso, decretase el estado de excepción del sistema penitenciario para detener una situación casi sin precedentes, con incidentes en trece de las 35 cárceles del país.
Hasta este martes solo se tenía conocimiento de seis fallecidos y once heridos, pero el balance real de la matanza no se pudo saber hasta que lograron ingresar a la cárcel las fuerzas del orden y retomar el control entre los reclusos.
De acuerdo al decreto que declaró el estado de excepción en todas las cárceles de Ecuador, el enfrentamiento confrontó a "Los Tiguerones" y a "Los Lobos", dos de las bandas criminales que desde 2020 han protagonizado una serie de masacres carcelarias en varias prisiones donde han sido asesinados más de 450 reos.
La Penitenciaría, que actualmente alberga a unos 5.600 reclusos, ha sido escenario de algunas de las peores masacres, como dos en 2021 que se saldaron con 123 y 65 asesinados, respectivamente, y esta con 31 fenecidos se suma ahora a ellas, sobre todo por la crueldad hacia las víctimas, que incluyó linchamientos y decapitaciones.
Como en anteriores ocasiones, los presos contaban con un amplio arsenal de armas blancas y de fuego, desde machetes a fusiles de asalto.
Entre el material de guerra incautado a los presos de la Penitenciaría hay 15 pistolas, once fusiles de largo alcance, dos revólveres, dos subametralladoras mini uzi y un lanzagranadas, además de cientos de balas de distintos calibres, cinco chalecos antibalas, dos granadas de gas y un artefacto explosivo de tipo artesanal.
También se encontraron en su poder drogas como cocaína y marihuana, herramientas industriales como taladros y una sierra radial y otros objetos prohibidos dentro de la prisión como un centenar de teléfonos móviles, seis radios, electrodomésticos y más de 4.400 dólares.
La Fiscalía abrió de oficio dos investigaciones previas, la primera por asesinato y la segunda por terrorismo, por las detonaciones y cantidad de armas y municiones encontradas al interior del centro carcelario.
El Comité Permanente de Defensa por los Derechos Humanos (CDH), que da respaldo a los familiares de las víctimas de las masacres de la Penitenciaría para reclamar justicia y reparación, aseguró este martes en comunicado que este episodio ha demostrado "la plena incapacidad" para responder a estas situaciones del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI), que tiene a cargo las prisiones de Ecuador.
Asimismo, consideró que "la gestión de la seguridad en el sistema penitenciario de Ecuador se ha limitado únicamente a reaccionar, de forma inoportuna, frente a hechos de violencia".
"Es decir, se ignora solucionar el problema de ingreso de armas masivas a los centros carcelarios, las condiciones de vida de las personas en prisión y su derecho a la rehabilitación", añadió.
Mientras se trataba de retomar el orden en la Penitenciaría del Litoral había otras intervenciones similares en aquellas cárceles donde desde el lunes los presos retuvieron al personal penitenciario del SNAI por motivos que aún no han sido preciados por los organismos oficiales.
Hasta el momento, según datos de la Presidencia, han podido ser liberados 120 de los 137 agentes que fueron retenidos en las cárceles de Latacunga (provincia de Cotopaxi), Archidona (Napo), Cuenca (Azuay), Azogues (Cañar), Machala (El Oro) y Loja (Loja), mientras que en la tarde de este martes el SNAI anunció el cese de la huelga de hambre que se seguía en trece centros penitenciarios.
Este episodio ocurrió a escasas tres semanas de que se celebren las elecciones generales extraordinarias, marcadas por la crisis de inseguridad ante el auge de la delincuencia y del crimen organizado, que ha llevado a Lasso a decretar por 60 días el estado de excepción en las provincias de Manabí y de Los Ríos y en el municipio de Durán, perteneciente al área metropolitana de Guayaquil.
